Sánchez y Rivera pactan subir impuestos, cumplir el déficit en 2020, otra reforma laboral y una renta garantizada

El acuerdo alcanzado por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, incluye una gran batería de medidas económicas de corte socialdemócrata que incluyen, entre otras cuestiones, subidas de impuestos, el incumplimiento de los compromisos de déficit este año, una nueva reforma laboral y una renta mínima garantizada. Todo ello acompañado por una “racionalización” del gasto que realizan las Administraciones Públicas.

El documento no incluye una memoria económica que cuantifique el efecto que tendrán todas las medidas en las arcas públicas, el mercado de trabajo o la evolución del PIB. No obstante, entra en el fondo de las principales áreas económicas con un desglose mayor que el que se puede encontrar en un programa electoral.

El IRPF se mantiene «hasta que la situación presupuestaria lo permita»

PSOE y Ciudadanos pactan una reforma fiscal en la que se subirán los impuestos a todos los colectivos excepto a la “clase media trabajadora” y a las empresas que apuesten por la innovación, para las que plantean deducciones. El objetivo es “desplazar el peso de la carga tributaria hacia la riqueza y el uso de recursos naturales finitos”, aumentando la carga fiscal mediante tributos “verdes” que castiguen el uso del medioambiente.

Todo esto se realizará “mediante un a reforma integral del sistema tributario”, con subidas en el Impuesto de Sociedades, Sucesiones y Donaciones, Impuestos Especiales y bajadas en el IRPF a las rentas del trabajo “cuando la situación presupuestaria lo permita” y, hasta ese momento, “no subir los tipos”. Es decir, que se suben todos los impuestos y, en el caso del IRPF, «se mantiene» en la situación actual. Esta mayor carga tributaria se acompañará con una “lucha contra el fraude fiscal”.

En materia de gasto público, ambas formaciones acuerdan “mejorar la eficiencia y reducir las duplicidades, la burocracia y el gasto superfluo”, sin especificar que partidas presupuestarias serán las afectadas. A pesar de los mayores ingresos fiscales esperados y la promesa de bajar el gasto público, PSOE y Ciudadanos no cumplirán los compromisos de déficit público alcanzados por Bruselas para este año si finalmente logran llegar a La Moncloa.

“Los nuevos objetivos se negociarán con las autoridades europeas, situando el déficit por debajo del 3% en 2017, hasta lograr unas finanzas públicas saneadas al final de la legislatura”, es decir, en 2020, según señala el documento.

Reforma laboral y «mochila austriaca»

En lo relativo al empleo, PSOE y Ciudadanos quieren realizar otra reforma laboral que reduzca las modalidades de contratación para potenciar el empleo indefinido y que reduzca el impacto de los despidos en las arcas de las empresas mediante el modelo de “mochila austriaca”. Se trata de un nuevo fondo que se hace cargo del pago de 8 días por año de antigüedad en la indemnización que corresponda en caso de despido y que acompaña al trabajador durante toda su vida laboral. Si no es despedido nunca el trabajador recuperará el dinero en el momento de la jubilación.

En Seguridad Social, Sánchez y Rivera quieren acabar con “la inmensa mayoría de las exenciones y reducciones que supongan una merma de ingresos” y crear “un nuevo sistema de cotización” para los trabajadores autónomos por el cual paguen “en función de los ingresos reales”. Además, PSOE y Ciudadanos quieren “recuperar el subsidio por desempleo para los parados mayores de 52 años”.

Ingreso Mínimo Vital y Complemento Salarial

Ambos partidos pactan un “plan de choque” de 7.000 millones de euros que incluye “un Ingreso Mínimo Vital” y un “Complemento Salarial Garantizado”. El primero consiste en una prestación no contributiva para personas sin ingresos, mientras que el segundo consiste en una aportación de dinero a las rentas bajas en forma de crédito fiscal. La cuantía del complemento “variará en función de los ingresos salariales y la situación familiar”, indica el documento.

En materia de pensiones, Sánchez y Rivera quieren cubrir el déficit de la Seguridad Social mediante nuevos impuestos y ampliar el periodo de cálculo a toda la vida laboral, lo que en la práctica supone una rebaja del gasto público destinado a estas prestaciones de jubilación. El acuerdo indica que “se garantizará la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, así como el poder adquisitivo de los pensionistas.

Impuestos para que toda la energía sea renovable

En cuanto a la energía, Ciudadanos y PSOE quieren acabar con las prospecciones de petróleo mediante la técnica de fractura hidráulica (fracking) y «restringir las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos”. A lo que hay que sumar “el cierre progresivo de las centrales nucleares” cuando cumplan los 40 años de vida útil.

Ambos partidos pretender basar el sistema energético español en las energías renovables, por lo que acuerdan reformar la normativa de autoconsumo que obliga a los ciudadanos a pagar a las eléctricas por usar el sol y crear un “fondo verde” que financie esta transición energética “con fiscalidad medioambiental”.

Unidad de mercado y banca pública

Ciudadanos ha logrado que el PSOE acepte un pacto sobre la “unidad de mercado”, para crear “un procedimiento de colaboración entre diferentes administraciones basado en la lealtad institucional”. Se pretende armonizar la legislación sobre horarios comerciales, licencias y permisos en todas las comunidades autónomas.

Por su parte, el PSOE ha logrado que Ciudadanos respalde un modelo de banca pública a través de la potenciación del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El objetivo es que este organismo financie con dinero público proyectos que el sistema financiero rechaza por su riesgo de impago.

El pacto incluye también un apartado específico dedicado al denominado “capitalismo de amiguetes” o clientelar (crony capitalism), es decir, al uso que hacen algunas empresas de los contactos con el ámbito político para lograr privilegios que les permitan competir de forma desleal en el mercado. Para evitar esto, Sánchez y Rivera acuerdan una reforma de los organismos reguladores en materia de competencia, mercados de valores y supervisión financiera.