Quinto laudo internacional contra España por el recorte de las renovables

La compañía danesa Athena Investments ha ganado un nuevo arbitraje presentado contra España, el quinto, por los perjuicios causados por el cambio en el marco regulatorio de las renovables, que recortó las primas que recibían esas inversiones, y el Estado español tendrá que pagarle 11 millones de euros.

La empresa ha informado en su página web de que esa cantidad cubre los daños, los costes del arbitraje y otros que tuvo la compañía.

Asimismo, ha señalado que se le ha concedido el pago de intereses por los daños contabilizados desde el 30 de junio de 2014 hasta la fecha final del pago de la cantidad reconocida.

Athena Investments inició en noviembre de 2015 un procedimiento de arbitraje contra España al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, un acuerdo internacional que cubre todos los aspectos de las actividades relativas a la energía, incluyendo comercio, tránsito, inversión y eficiencia energética.

Según la firma danesa, los cambios que se hicieron en la normativa afectaron negativamente al valor de la inversión que habían hecho en años anteriores en plantas solares e infringieron el artículo 10 de la Carta de la Energía sobre promoción, protección y trato de las inversiones.

En el momento en que se produjo el cambio regulatorio, Athena Investments era propietaria de plantas fotovoltaicas en España que sumaban una potencia total instalada de 6,7 megavatios (MW).

El nuevo arbitraje que obliga a España a pagar 11 millones de euros a Athena se suma a otros anteriores por el cambio que hizo el Gobierno del PP en la retribución a las renovables.

En mayo de 2017, el Ciadi dictó un laudo que obligó a España a pagar 128 millones al fondo británico Eiser Infrastructure, que reclamaba 298 millones, y en mayo ya de 2018 ordenó compensar a Masdar, filial de energías renovables del fondo soberano de Abu Dabi Mubadala, con 64,5 millones también por el recorte de las primas, cuestión por la que reclamaba 165 millones de euros.

Masdar ha acudido también ante los tribunales de Columbia (EEUU) para que se ejecute ese laudo al no haber dado cumplimiento España de forma voluntaria a los citados laudos del Ciadi.

Además, en febrero pasado el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo obligó a España a pagar 53,3 millones de euros a Novenergia, con sede en Luxemburgo, por el recorte de primas a sus plantas fotovoltaicas en España, aunque posteriormente la justicia sueca suspendió esa decisión de forma indefinida.

Asimismo, en junio de este año el Ciadi dictó un laudo arbitral que obliga a España pagar 112 millones de euros al fondo Antin por el recorte de las primas a las renovables.

Algunos de los arbitrajes podrían verse en cuestión después de que la CE considerara en julio ilegales los mecanismos de arbitraje entre estados miembros, aunque representantes de inversores que han acudido a arbitrajes internacionales por el cambio en el sistema de primas a las renovables en España consideran que la comunicación que la Comisión emitió en ese sentido no es ningún «instrumento jurídico vinculante».

La comunicación de la CE señala que los tribunales nacionales están obligados a anular cualquier laudo arbitral emitido sobre esas bases y renunciar a aplicarlo.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, indicó en agosto pasado que las reclamaciones contra España ante instancias internacionales de arbitraje por los recortes en las primas a las energías renovables acometidos por el anterior Gobierno superan los 8.000 millones de euros.