Telecomunicaciones

Orange buscará fórmulas de ahorro tras mantenerse la «tasa RTVE» para 2022

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El consejero delegado de Orange España, Jean-François Fallacer, expresó el jueves su decepción porque se les haya mantenido a los operadores de telecomunicaciones la obligación de pagar la «tasa RTVE» para 2022, lo que les obligará a buscar fuentes adicionales de ahorro para ese año. No obstante, recalcó la importancia de retirar la obligación de pagar esta tasa a RTVE en 2023.

Fallacher, tras ser preguntado por este asunto, pidió en rueda de prensa que el Gobierno exima a los operadores de telecomunicaciones de pagar la tasa a partir de 2023, un impuesto que se empezó a aplicar en 2009 y contra la que los operadores venían luchando.

En el segundo trimestre del año el Gobierno se comprometió a retirar esta tasa, aunque no lo hará hasta 2023. Fallacher espera que se elimine definitivamente esta obligatoriedad en 2023.

El hecho de que no se haya retirado en 2022 obligará a Orange a «buscar fuentes adicionales de ahorro» de cara el próximo año, reiteró. Movistar, Vodafone y Orange deberán pagar la tasa para financiar RTVE -unos 128 millones de euros- en 2022 después de que el proyecto de la nueva ley audiovisual haya incluido una disposición por la que se prorroga esta obligación hasta 2023.

Esta tasa la empezaron a pagar los operadores en 2009 cuando la radiotelevisión pública dejó de emitir publicidad, una decisión adoptada durante el gobierno del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que optó por aplicar a los operadores una tasa del 0,9% de sus ingresos brutos de explotación facturados en el año correspondiente, excluidos los obtenidos en el mercado al por mayor.

Esta obligación se fijó en el artículo 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, advirtió el pasado mayo de que la Corporación perdería unos 128 millones de euros si el Gobierno eliminaba la tasa fiscal que tienen que pagar los operadores de telecomunicaciones al ente público.

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