Magyar Vagon comunica a la CNMV que recurrirá al Supremo el veto del Gobierno a la OPA sobre Talgo

El consorcio húngaro Ganz-Mavag (Magyar Vagon) ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el desistimiento de su Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones sobre el 100% de Talgo, tras el veto del Gobierno.

Los húngaros consideran que esta decisión del Ejecutivo sobre la OPA de Talgo «carece de la más mínima motivación y le produce la más absoluta indefensión», por lo que presentará ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra la decisión del Consejo de Ministros.

Además, Magyar Vagon no descarta presentar otra oferta para adquirir el 100% de Talgo, en función de la evolución de las circunstancias.

Bruselas avala el veto del Gobierno

La Comisión Europea ha avalado el veto del Gobierno de España a la operación lanzada por una empresa húngara para comprar Talgo alegando que proteger los intereses y la seguridad nacional de España, apuntando que la situación puede terminar dirimiéndose en el Tribunal de Justicia de la UE.

La portavoz comunitaria Francesca Dalboni ha evitado poner objeciones a la maniobra del Gobierno tras asegurar que es prerrogativa de los Estados miembros adoptar este tipo de decisiones.

Así, ha recordado que los tratados de la UE permiten restringir las libertades de mercado único, como la libertad de establecerse y libre movimiento de capitales, alegando motivos de seguridad pública.

«Las medidas deben estar justificas y ser proporcionales al objetivo que persiguen», ha añadido Dalboni, quien ha indicado que las autoridades españolas no tenían obligación de informar previamente al Ejecutivo europeo sobre su decisión.

El potencial comprador de Talgo

Después de que el potencial comprador, Magyar Vagon, haya anunciado que acudirá a instancias europeas para denunciar la maniobra de España, la Comisión Europea ha asegurado que no tiene de momento noticias de la compañía.

En este sentido, el portavoz comunitario, Eric Mamer, ha resumido que los principios por los que funciona la UE aparecen recogidos en los tratados y este tipo de decisiones deberán ser supervisadas en última instancia por el TJUE.