El juicio de Bankia arrancará estudiando la legitimidad de las acusaciones populares

Las defensas del caso Bankia impugnarán la legitimación de las acusaciones populares en el inicio del juicio por la salida a Bolsa de la entidad, que desde el próximo 26 de noviembre sentará en el banquillo a su expresidente Rodrigo Rato y a otra treintena de personas.

El hecho de que la Fiscalía sólo cargue contra los cuatro administradores del banco abre la puerta para que los letrados del resto de acusados soliciten en las cuestiones previas que se aplique la conocida como «doctrina Botín» y se expulse a éstas del procedimiento, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Argumento que los exconsejeros Jesús Pedroche, Mercedes Rojo y Estanislao Rodríguez-Ponga ya expusieron al impugnar la apertura de juicio y que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, sustituto del instructor Fernando Andreu durante su baja el pasado año, rechazó por ser un debate a ver al inicio de las vistas.

La propia Bankia y su matriz, BFA, podrán recordar que de los 180.000 pequeños accionistas que participaron en la salida a Bolsa, quedarían por indemnizar apenas unos 170, de los que habría que restar a los perjudicados ya fallecidos; para las defensas, sólo éstos tendrían potestad para personarse por esta vía y la entidad financiera dispondría de dinero consignado para ello.

Las mismas fuentes entienden que de conformidad con la ley, la actividad de las acusaciones populares se encuentra condicionada a la presencia de afectados, es decir, acusaciones particulares, por lo que resulta decisivo constatar si verdaderamente figuran en la causa los accionistas aún sin resarcir.

Para comprobarlo, se podría solicitar información adicional a agrupaciones como Adicae, que pide penas de 12 años de cárcel y multas de más de un millón de euros para las personas jurídicas, a fin de verificar si puede individualizar a quiénes representan y cuenta con todos los poderes necesarios para pleitear.

Las defensas también reprocharán que se atribuyan a los acusados supuestas irregularidades vinculadas a la fusión fría de 2010 en la que participaron Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, La Caja de Canarias y las de Ávila, La Rioja y Segovia, de las que nunca fueron cuestionados durante la fase de instrucción, lo que podría generarles indefensión.

Al margen de estos aspectos generales, algunos acusados alegarán otros de índole personal, como podría ser ausentarse del juicio -inicialmente programado hasta el próximo junio- tras su declaración por motivos varios, ya sea de salud, profesionales o de desplazamientos.

Como sucediera con las tarjetas «black» de Caja Madrid, pieza separada del caso Bankia, será la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por la juez Ángela Murillo, la que juzgue a los 34 acusados, sobre los que pesan solicitudes de pena de entre dos años y medio y doce años de cárcel.

Sin embargo, sólo cuatro son señalados por la Fiscalía Anticorrupción por presunta estafa a los inversores, encabezados por Rato (cinco años), cuya imagen en el banquillo de la localidad madrileña de San Fernando de Henares será la primera tras su ingreso en Soto del Real para cumplir con la condena a cuatro años y medio de prisión por las «black».

Además, la fiscal Carmen Launa, que toma el relevo a Alejandro Luzón, ahora al frente de esta fiscalía especializada, apunta al exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas (cuatro años de cárcel), al exconsejero José Manuel Fernández Norniella (tres años) y al ex consejero delegado Francisco Verdú (dos años y siete meses).

Sin embargo, exime a todos del delito de falsedad contable, del que sí acusan la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Adicae y el movimiento popular 15MpaRato.

Como Rato, otros cinco usuarios de las tarjetas actualmente en prisión deberán comparecer en calidad de acusados, el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga y los exconsejeros José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero, Jorge Gómez y José María de la Riva.

Repiten también en esta pieza principal Fernández Norniella, el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, el ex director general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez-Barcoj, el exconsejero de OHL Javier López Madrid, y los exconsejeros Pedro Bedía, Jesús Pedroche, Mercedes Rojo y Ricardo Romero de Tejada.

En la lista, de la que desapareció el empresario Francisco Pons, fallecido en enero, figura asimismo el exministro del Interior Ángel Acebes, al frente de la Comisión de Auditoría en el momento de la salida a Bolsa, así como la auditora externa Deloitte y su socio.