Colau instaura el miedo en las inmobiliarias: retiran el ‘se vende’ para no llamar la atención okupa

Las permisividad de Ada Colau con los okupas ha contagiado el miedo de las empresas inmobiliarias de Barcelona a toda Cataluña. OKDIARIO se ha puesto en contacto con todo tipo de inmobiliarias, grandes que operan en todo el país, y pequeñas que sólo lo hacen en Cataluña, y ninguna cuelga ya el mítico cartel naranja y negro.

La conclusión es que todas y cada una de las inmobiliarias consultadas, hartas del favoritismo de la alcaldesa hacia este colectivo, han dejado de colgar el cartel de ‘se vende’ para no ‘marcar’ los inmuebles como vacíos y, por tanto, dejarlos ‘disponibles’ a ojos de los okupas.

«Nosotros ya no colgamos el cartel de ‘se vende’ desde hace tiempo», señalan desde lainmobiliariabcn.com, que confirma a este periódico que «nunca» lo cuelgan. «Al principio nos lo pedían los clientes, pero ya somos nosotros los que directamente no lo hacemos».

Desde una de las grandes inmobiliarias de España, que prefiere no pronunciarse de forma oficial, señalan que «es en Cataluña, y concretamente en Barcelona, donde más problemas está habiendo con los okupas». 

Otra pequeña agencia de la Ciudad Condal asegura que, aunque no lo hacen automáticamente, «hay zonas en las que todos los clientes nos piden directamente que no los coloquemos, ya que es una forma de avisar a los okupas de que ese piso está vacío».

La agencia inmobiliaria Barcelona Selecta no tiene problema en decir abiertamente que tampoco cuelgan el popular cartel de ‘se vende’ porque «casi seguro que terminarán okupados».

El propio equipo de Ada Colau ya confirmó, cuando sólo llevaban medio año al frente del consistorio de Barcelona, que las ocupaciones habían pasado de 642 a 1.065 en solo medio año, de finales de 2015 a julio de 2016.

Cabe recordar que la Guardia Urbana de Barcelona, por mandato de Ada Colau, están obligados a proteger a los okupas ante desalojos que se lleven a cabo de forma extrajudicial.

El sindicato mayoritario de la función pública, CSIF, en nombre del cuerpo de policía de Barcelona, envió entonces una carta a la alcaldesa de Barcelona para que revisara su instrucción al entender que traslada a las patrullas responsabilidades propias de un juez, por tener que determinar sobre el terreno si existen coacciones antes de paralizar o no el desahucio.