Giro de 180 grados en la baja laboral: la Seguridad Social confirma las peores noticias

A pesar de que es un derecho de los trabajadores que regula el Real Decreto 625/2014, parece que se avecina un gran cambio con respecto a la baja laboral y que por lo visto, surge a partir de una situación que alarma al Gobierno y que podría llevar a que los trabajadores no vayan a recibir una buena noticia por parte de la empresas al tramitar su baja. Lo cierto es que el incremento es más que evidente si tenemos en cuenta que nos encontramos ante el nivel de bajas más alto de la última década, tal y como señala un estudio sobre los determinantes del absentismo laboral, elaborado por  Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

En concreto, en 2023 se registraron más de 450 bajas laborales por cada 1.000 trabajadores, lo que supone un gasto de más de 14.000 millones de euros para la Seguridad Social. Este aumento sin precedentes ha llevado al gobierno a implementar nuevas medidas de control en torno a las bajas laborales. Por el momento, se sigue respetando la privacidad de los trabajadores a la hora de presentar los partes de baja a las empresas (una medida instaurada en abril del año pasado), pero otra cosa va a cambiar dado que la Seguridad Social sí que ha comenzado a exigir a las empresas un mayor nivel de detalle sobre las funciones del trabajador y su puesto específico. Este enfoque busca verificar la veracidad de las bajas y evaluar cómo las condiciones de salud del empleado afectan su capacidad para desempeñar sus tareas.

El cambio de la Seguridad Social para la baja laboral

La decisión de la Seguridad Social de implantar un control más riguroso sobre las bajas puede generar un debate profundo. Por un lado, está la necesidad de reducir el gasto público en un sistema que parece estar desbordado por las solicitudes de baja. Por otro, surgen preocupaciones acerca de si esta mayor fiscalización podría afectar la relación entre trabajadores y empleadores, tensando un vínculo que ya de por sí puede ser delicado. Las empresas, ahora obligadas a proporcionar información más detallada, podrían sentirse presionadas a cuestionar las bajas médicas, lo que podría generar un clima de desconfianza entre ambas partes.

Por otro lado, los trabajadores temen que esta política se convierta en una forma indirecta de controlar su tiempo de recuperación. Aunque la Seguridad Social ha dejado claro que no implicará más trámites para el empleado, el hecho de que las empresas tengan que informar con tanto detalle sobre las funciones del trabajador podría dar pie a un cuestionamiento constante de las bajas. El trabajador, por tanto, podría sentirse observado en un proceso que, hasta ahora, era completamente autónomo y ajeno a la supervisión directa del empleador.

Un gasto que sigue en aumento

El gasto en bajas laborales se ha convertido en el segundo desembolso más importante de la Seguridad Social, sólo por detrás de las pensiones. Esto ha llevado al gobierno a tomar cartas en el asunto, buscando no sólo reducir el fraude en las bajas, sino también asegurar que el sistema sea sostenible a largo plazo. El récord de más de ocho millones de personas en situación de baja en 2023 es un dato que preocupa, especialmente en un contexto económico donde el control del gasto público es fundamental.

Quién paga la baja y cómo se calcula

El sistema de pagos durante las bajas laborales también ha sido objeto de revisión y preocupación. En el caso de los empleados por cuenta ajena, la empresa cubre los primeros 15 días de baja en casos de enfermedad común, mientras que el resto es asumido por la Seguridad Social o la mutua. Sin embargo, en situaciones de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, el sistema cubre el 75% de la base reguladora desde el primer día de la baja. Situación muy distinta es la que tienen los autónomos, que al estar de baja laboral reciben sus prestaciones de la mutua o gestora correspondiente. Este esquema, aunque relativamente claro, no siempre resulta favorable para los trabajadores, que ven cómo sus ingresos se reducen considerablemente durante el tiempo que están de baja.

A medida que el gobierno español continúa afinando las medidas para controlar las bajas laborales, el reto de equilibrar los derechos del trabajador con la sostenibilidad económica del sistema se presenta como un desafío mayúsculo. Es probable que en los próximos meses sigamos viendo nuevos ajustes en esta normativa, con el objetivo de reducir el gasto público sin sacrificar el bienestar de los empleados. Sin embargo, lo que está claro es que este giro de 180 grados en la gestión de las bajas puede que llegue a marcar un antes y un después en la relación entre las empresas y los trabajadores, que ya de por sí pueden llegar a vivir situaciones bastante delicadas cuando se produce una baja laboral. De ahí, la medida de no tener que presentar los partes de baja a pesar de este nuevo cambio que se avecina, por parte de la Seguridad Social.