La Agencia Tributaria pierde 1.200 millones por el fraude de los hidrocarburos

Si te desaparecen 1.200 millones de euros o crees que ha sido un fraude, reúnes rápido todas las pruebas y tratas de ir a por los escapistas tributarios; sobre todo si eres la Agencia Tributaria.

Eso dijo la Agencia: desde la propia Asociación de Operadores Petrolíferos y Distribuidores Españoles -AOPYDE- están igual de sorprendidos, y tratan de esclarecer a quién se va a acusar y por qué. Sobre todo porque la Agencia Tributaria cometió el grosero error de borrar a una decena de operadores tras una petición falsa de baja.

Reconoce Hacienda su error y ya los ha dado de alta, pero por el camino está por ver los datos que ahora son computables y los que no, y los que se han perdido -pocos, esperan- cuando se dio de baja a los operadores.

Hacienda y la baja de operadores

Por increíble que parezca, la Agencia dio de baja a más de una decena de operadores y distribuidores de carburantes en España a través de una solicitud fraudulenta de un gestor que Hacienda sí tenía como autorizado.

Aopyde, la Asociación de Operadores Petrolíferos y Distribuidores Españoles, pide ahora una indemnización por las pérdidas que estiman han sufrido las operadoras que no han podido realizar operaciones de venta durante la baja, como a las estaciones de servicio que se quedaban sin suministro de producto.

Según el sector, además, esto genera un clima de inseguridad jurídica porque, «tal cual se ha dado la situación», cualquier empresa puede ser expulsada del mercado por un proceso administrativo fraudulento, «sin que nadie establezca un control real antes de dar esa baja».

Problemas añadidos

Esta situación causa que los operadores que han quedado fuera de este registro estén en estos momentos en la práctica imposibilitados para la compra de carburante en los depósitos fiscales y se hayan visto forzados a suspender los suministros a la red de estaciones de servicio y con contratos sin poder atender.

Esta misma noche, de hecho, varias estaciones de servicio han tenido, ya que acudir a las grandes petroleras para poder comprar el producto necesario para su funcionamiento, lo que provoca un fuerte riesgo de subida de precios y de problemas de suministro justo en el momento en que se da la operación salida de verano.

Investigación de Hacienda

Paralelamente a estos movimientos, la Agencia Tributaria y Guardia Civil, en el marco de una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal que habría llegado a defraudar más de 100 millones de euros en la comercialización de hidrocarburos. La operación se ha saldado con 46 detenidos, 30 sociedades investigadas, el bloqueo de 100 cuentas bancarias y la traba de 25 inmuebles, tres embarcaciones y seis vehículos de alta gama.

En una nota de prensa, el Instituto Armado y el Ministerio del Interior han explicado que la organización, asentada en Sevilla, vendía ingentes cantidades de producto a un precio inferior al de mercado en toda España y contaba con un empleado de banca que facilitaba la apertura de cuentas a nombre de testaferros para el desvío de los beneficios.

La operación, denominada ‘Memorable’, se inicia en el año 2023, tras tener conocimiento de una serie de corporaciones del sector de hidrocarburos con domicilio social en Sevilla que, tras la correspondiente comercialización de hidrocarburos, estarían defraudando grandes cantidades de dinero como consecuencia de no liquidar el IVA correspondiente.

Por otro lado, según informa la Guardia Civil, la organización blanqueaba parte de los beneficios mediante la inversión en criptomonedas y adquisición de empresas del sector sanitario y hotelero, la restauración y los clubs náuticos. Igualmente, las personas implicadas en el entramado diversificaron parte de los beneficios reportados por el fraude fiscal, con los que han financiado parte de los bienes de los que hacían uso.

El procedimiento judicial continúa en fase de instrucción, quedando pendiente parte de la cuantificación del fraude fiscal cometido. Por el momento, el fraude superaría los 100 millones de euros desde 2019.

La realidad es que esto es solo una parte de lo que investiga Hacienda, que cifra el caso en más de 1.200 millones de euros, y que desde Aopyde están volcados en la misma investigación, conscientes de que es perjudicial para el sector y sus socios que las sospechas se extiendan sobre todos los operadores, con lo que eso dificulta sus operaciones cotidianas y el trabajo normal del día a día.