La filial de redes de Endesa detecta un fraude eléctrico cada siete minutos
e-distribución, la filial de redes de Endesa, ha detectado más de 56.300 fraudes en los nueve primeros meses del año, lo que supone una media de más de 200 casos detectados al día: un fraude cada siete minutos. La cifra supone un incremento de casi 1.900 expedientes, o del 3,4% respecto al mismo periodo del año anterior. La energía recuperada asociada a estos robos de energía alcanzó los 630,6 millones de kWh, equivalente al consumo de más de 180.000 hogares. Estas cifras continúan con la tendencia alcista registrada en 2025, que cerró con 72.700 fraudes eléctricos detectados, el dato más alto de los últimos cinco años.
No obstante, en muchas ocasiones el problema no termina cuando se detecta y se desmantela un fraude. La experiencia demuestra que, en zonas especialmente golpeadas por el fraude masivo, sobre todo cuando está ligado a cultivos ilegales de marihuana, las desconexiones de instalaciones ilegales efectuadas en operativos conjuntos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son seguidas a menudo por nuevas reconexiones que devuelven a la red a situaciones de sobrecarga extrema en cuestión de horas o días.
El resultado es una situación de fraude reiterada que castiga especialmente a familias y negocios que cumplen con sus obligaciones y dependen de un suministro eléctrico seguro y de calidad. Los medios de la empresa distribuidora para solucionar las consecuencias del fraude son limitados. El incremento de la potencia para intentar evitar que los vecinos se vean afectados por interrupciones de suministro es sólo una solución temporal, ya que se genera un efecto llamada, aumentan los enganches ilegales y la red vuelve a sobrecargarse. En algunas zonas, la potencia multiplica por cinco la que sería necesaria en función del número de habitantes, pero el consumo ilegal satura la red.
El impacto del fraude eléctrico en la calidad del suministro eléctrico es evidente. En entornos con elevado nivel de fraude, las protecciones de la red, que normalmente se activan de forma excepcional frente a defectos o averías, actúan de forma reiterada por sobrecarga de consumo, pudiendo llegar a producirse picos de hasta 15 fusibles fundidos al día, con los cortes del suministro eléctrico consiguientes. Estos cortes afectan a la totalidad de los clientes conectados a esa parte de la red, que en la mayor parte de los casos tienen su instalación y contrato de servicio legalizado.
La manipulación de instalaciones eléctricas supone además un riesgo muy grave para quien realiza el fraude, para los vecinos que comparten la misma infraestructura eléctrica manipulada y sin garantías de seguridad suficientes y para los operarios de las compañías distribuidoras que trabajan sobre el terreno. Los enganches ilegales pueden provocar electrocuciones, incendios, sobrecalentamientos y explosiones.
Esta creciente vinculación del fraude eléctrico con actividades delictivas no solo agrava los riesgos para la red y para los vecinos, sino que también se traduce en un incremento de la violencia que afrontan en su día a día los trabajadores que operan sobre el terreno. Las agresiones a técnicos de e-distribución y de las contratas que trabajan en campo han experimentado un preocupante salto en apenas dos años. Las agresiones se han multiplicado por más de tres desde 2024. Además, la tendencia continúa en 2026: hasta septiembre ya se había superado en cerca de un 20 % el total de agresiones registrado durante todo 2025.
Cuatro plantaciones al día
La conexión entre fraude eléctrico, criminalidad y violencia se hace especialmente visible en las plantaciones de marihuana ubicadas en viviendas y naves industriales. Entre enero y septiembre de este año e-distribución ha desmantelado en operativos en los que acompaña a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 1.075 fraudes vinculados a plantaciones de marihuana, que suman un volumen de energía defraudada de 106 millones de kWh. Esto supone desmantelar, de media, una plantación enganchada a la red cada seis horas, cuatro al día. Cada plantación consume en promedio la electricidad equivalente a 80 viviendas y, en algunas zonas, la concentración de este tipo de instalaciones satura la red provocando que el resto de vecinos se quede sin suministro.
Las cifras oficiales muestran la dimensión que ha alcanzado el cultivo ilegal de cannabis en España. El Informe Europeo sobre Drogas 2026 sitúa a España como el país que concentra el 75 % de las incautaciones de plantas de cannabis de la UE, mientras que el Ministerio del Interior ha alertado de la creciente presencia de organizaciones criminales transnacionales que se han asentado en nuestro país para desarrollar esta actividad.
En este contexto, Endesa valora positivamente la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2026, que añade un nuevo apartado al artículo 255 del Código Penal y prevé penas de prisión cuando la defraudación de fluido eléctrico se cometa para abastecer instalaciones utilizadas para delitos de tráfico de drogas. No obstante, sigue existiendo un vacío relevante: el resto de los fraudes eléctricos, aun cuando impliquen manipulación peligrosa de instalaciones, riesgo de incendios, cortes de suministro e impacto en la convivencia, o competencia desleal entre empresas, sigue sin contar con una respuesta penal proporcional a los riesgos que genera. En países como Francia, Portugal, Italia o Alemania, en cambio, este tipo de conductas puede conllevar penas de prisión, incluso en su modalidad básica.
Colaboración ciudadana
Al margen del ámbito penal, la respuesta frente al fraude eléctrico requiere actuar en múltiples planos. Resultan esenciales la actual colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el uso de todas las herramientas e innovaciones tecnológicas disponibles—incluido el uso de inteligencia artificial— y también la implicación ciudadana. En este último ámbito, las denuncias anónimas son una vía efectiva para detectar irregularidades en la red de distribución eléctrica y anticipar riesgos para la seguridad y la calidad del suministro de los vecinos.
e-distribución tiene a disposición de la ciudadanía varios canales para reportar de forma anónima posibles casos de fraude eléctrico o irregularidades en instalaciones: el teléfono 800 760 220, el buzón de correo [email protected] y el formulario que puede rellenarse a través de la web www.edistribucion.com. Entre enero y septiembre de este año, e-distribución recibió 51.010 avisos ciudadanos sobre posibles fraudes eléctricos, que han permitido realizar cerca de 29.000 inspecciones.
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