El sector eólico, pesimista sobre la posible llegada de nuevas inversiones

Con la moratoria verde de 2012, nada más llegar el PP, se paralizó la instalación de proyectos renovables con incentivo. Se podía instalar, pero cobrando exclusivamente lo que paga el mercado eléctrico (la eólica está próxima a ser competitiva sin incentivos, pero le ha faltado un periodo de transición).

Esto supuso la parada en seco del sector: en 2013 se instalaron 175 MW eólicos y en 2014, 27 MW (el sector venía creciendo a un ritmo de más de 1.000 MW anuales, siempre cumpliendo escrupulosamente los objetivos que le iba marcando cada Gobierno). De ahí que hoy tengamos 23.000 MW y este sector se dispute, desde hace algunos años, con la nuclear ser la primera fuente de electricidad de los españoles.

En el tintero se quedaron casi 10.000 MW eólicos adjudicados pero no instalados en los diferentes concursos autonómicos (casi todas las comunidades autónomas habían lanzado los suyos en años anteriores).

El desarrollo eólico lleva años paralizado y hay proyectos en estado avanzado

Luego vino, entre 2013 y 2014, la Reforma Energética con el objetivo casi único de acabar con el déficit de tarifa. La eólica fue la tecnología más perjudicada: al 30% de las instalaciones en marcha se le quitaron de golpe los incentivos y al resto se les aplicaron fuertes recortes. Todo ello de manera retroactiva (se retiraron las inversiones prometidas vía BOE), por lo que todo el sector renovable ha ido a los tribunales nacionales e internacionales.

La situación a día de hoy

La Reforma establecía que las nuevas instalaciones renovables se harían sin incentivos. Ahora bien, el Gobierno se reserva la potestad de convocar subastas de potencia con incentivo (que ahora ya no se llama prima, sino retribución a la inversión) cuando España necesite nueva potencia renovable.

Estamos a poco más de una legislatura de llegar al 2020, año en el que hay que haber cumplido el objetivo europeo de que el 20% del consumo de energía final proceda de fuentes renovables. Es un objetivo vinculante y sancionable si se incumple.

Reconociendo que España necesita más eólica por ser la tecnología  más barata, el Gobierno ha aprobado en los últimos meses una batería de medias:

1. Planificación de la Red de Transporte a 2020 (que es el documento con el que le dice a Europa como va a cumplir los objetivos): Incluye 6.400 MW eólicos a instalar hasta 2020.

2. Desbloqueo del cupo canario, que supondrá que por fin se puedan instalar los 450 MW eólicos con incentivo incluidos en la Reforma Energética (en Canarias resulta muchísimo más barato producir con eólica que con fuel oil, su principal fuente de generación eléctrica, pero por motivos varios el sector lleva años sin desarrollarse).

3. Convocatoria de la primera subasta en España, de 500 MW eólicos y 200 MW de biomasa. Se celebrará en principio el 26 de noviembre. Se trata de una oferta a la baja: los que oferten la inversión inicial (CAPEX) con más descuento, serán los adjudicatarios.

¿Qué opina sobre esto el sector? 

La subasta del 26 de noviembre es un paso adelante porque supone el reconocimiento por parte del Gobierno de que España necesita más eólica, pero no es la panacea.

Una cosa es que se cubra esta primera subasta porque el desarrollo eólico lleva años paralizado y hay proyectos en estado avanzado (esos casi 10.000 MW adjudicados en diferentes concursos autonómicos pero no instalados) y otra muy distinta que las condiciones actuales inviten a la inversión.

Hay que tener en cuenta que entre esos 10.000 MW hay parques eólicos en estados muy diferentes. Algunos llevan años pagando avales, otros tienen las máquinas compradas y en stock. Algunos están perdiendo dinero y les compensa la instalación aunque las condiciones no sean idóneas.

Desde la patronal eólica se sostiene que, mientras no se cambien determinados aspectos de la Reforma (como la posibilidad de que el Gobierno pueda cambiar las condiciones económicas y la rentabilidad razonable cada seis años), este país no atraerá una inversión significativa al sector eólico.

Los 6.400 MW de la Planificación a 2020 exigirían una inversión de unos 9.000 millones y para eso es necesario financiación (este es un sector muy intensivo en capital), para lo que es necesario recuperar la confianza y la seguridad jurídica perdidas con la Reforma Energética.

A día de hoy y bajo las condiciones actuales, las empresas eólicas consideran muy difícil que se lleguen a instalar esos 6.400 MW eólicos, lo que pone en riesgo que España pueda cumplir los objetivos de 2020.