CSIF lleva a los tribunales a la Generalitat Valenciana por irregularidades en la negociación de la política lingüística

La guerra lingüística valenciana se empieza a cobrar incluso víctimas. Y es que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la Generalitat Valenciana por infringir el derecho a la libertad sindical, que recoge la Constitución Española en su artículo 28.1.

Los hechos motivo de este contencioso ocurrieron el pasado 21 de febrero, cuando CSIF, después de ser convocado a una reunión, fue obligado a salir. En esta cita la Conselleria acordó la imposición del requisito lingüístico en Administración del Consell, tal como había pactado con tres sindicatos, en lugar de aplicarlo como mérito, medida que reclama la central sindical.

Alicia Torres, vicepresidenta autonómica de CSIF Comunidad Valencia, ha denunciado a OKDIARIO que en primera instancia la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas les convocó para que, junto con la Conselleria de Educación, acudieran a una reunión para informarles de las últimas modificaciones del Anteproyecto de Ley de empleo público en la Comunidad Valenciana. Una vez se presentan los miembros de CSIF en la reunión, un miembro de la Conselleria les manda a otro despacho, en el que les instan a abandonar la reunión ya que «había un error en la convocatoria y CSIF no estaba invitada».

Sorprendidos, los miembros de CSIF, al no ser firmantes del pacto firmado por CCOO, UGT y la Intersindical, que son los que llevaron al cambio en la redacción de la Ley, no podían estar ahí. Entonces, «no tenía sentido que estuviéramos en la reunión», señala Torres, que recuerda que «UGT no siempre ha apoyado esta normativa». Finalmente, los miembros de CSIF no pudieron estar en la polémica reunión.

«Nosotros formalmente no hemos negociado nada», explican desde el sindicato CSIF, que indica que el resto «está negociando fuera de los foros legales» y recuerda que no se puede negociar el Anteproyecto de Ley fuera de los foros que corresponden, que es la Mesa General. 

«Nosotros creemos que saldrá adelante esta regulación, pero manifestaremos de nuevo nuestra posición», aunque, de momento, CSIF va a recurrir «la forma en la que se está negociando».

Denuncia

Según ha podido saber OKDIARIO, CSIF ha presentado la denuncia después de que sus representantes fueran expulsados de una reunión a la que habían sido convocados para informar de las últimas novedades en el anteproyecto de la Ley de Empleo Público de la Comunidad Valenciana, que incluye el requisito lingüístico para el acceso a la función pública de esta Comunidad Autónoma. «CCOO y UGT, que sí están de acuerdo con la Ley que obliga a saber valenciano a todos los empleados públicos son los sindicatos que se han quedado en la reunión», señalan fuentes conocedoras de la polémica.

CSIF, de este, se opone a esta política lingüística al entender que no garantiza la igualdad de oportunidades ni recoge la realidad del uso del valenciano en esta comunidad autónoma, que no es homogéneo. Pues bien, los representantes de la Generalitat decidieron expulsar de la reunión a CSIF para continuar informando únicamente a las organizaciones sindicales que se han pronunciado a favor de su política lingüística.

CSIF explica en su escrito de denuncia la vulneración que se ha producido “en la vertiente del derecho a la negociación colectiva, ya que se le ha impedido al sindicato por la actuación concreta de la Administración”. A nuestro entender, esta decisión de la Generalitat “pone de manifiesto la negociación con solo algunos de los sindicatos convocados”.

La reunión estuvo convocada por la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, y el conseller de Educación, Investigación y Cultura y participaron los sindicatos de la Mesa General de Negociación de la Generalitat, entre los que se encuentra CSIF.

En su petición al juzgado, CSIF solicita la admisión del recurso contencioso administrativo por “el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales contra la actuación administrativa mencionada”.