Colombia dispuesta a pagar a la comunidad Taganga para evitar el bloqueo del mayor yacimiento del país

Colombia está dispuesta a pagar a la tribu Taganga para que levante el bloqueo en la exploración del yacimiento Uchuva-2, que podría solventar las necesidades energéticas del 40% del país. Según explican fuentes del Gobierno a OKDIARIO, el Ejecutivo de Gustavo Petro ya negocia, al margen de los tribunales, para lograr un acuerdo con la tribu en las costas de Santa Marta. Ecopetrol y Petrobras también intervienen en la operación.

Hace 9 días que un juez ordenó paralizar la exploración del yacimiento Uchuva-2, el segundo de los trabajos necesarios para determinar el alcance del yacimiento y proponer su explotación al 100%.

Ahora, una fuente interna del Ejecutivo ha admitido a OKDIARIO que negocian con la comunidad indígena Taganga para llegar a un acuerdo sin tener que agotar los plazos judiciales, y que están dispuestos a «sufragar las necesidades alimentarias de esa comunidad con una compensación económica», a pesar de que «las exploraciones cumplen con los límites legales y no están afectando a la pesca de esta región».

Si el yacimiento da los resultados esperados, en el rango mínimo de extracción lograrían el 25% de la energía necesaria para abastecer a todo Colombia. El rango medio llegaría casi al 40%, y podría ser mejor. Ecopetrol, desde Colombia, y Petrobras, desde Brasil, ya han invertido más de 300 millones de forma conjunta en el que esperan sea el mayor pozo descubierto en décadas. El cálculo de las petroleras y el Gobierno de Gustavo Petro es que hay, ahí, el equivalente a 2,5 veces más que las reservas de toda Colombia.

La disputa con los Taganga

Según la comunidad indígena que ocupa esa zona de Santa Marta en Colombia, no se han producido las consultas necesarias que establece la ley antes de comenzar las exploraciones de la región, y eso afecta a una zona de pesca que tienen asignada y en la que vienen trabajando desde hace generaciones, por lo que han logrado que un juez paralice cualquier exploración a la espera de resolver esta disputa.

Ayer, 18 de septiembre, el propio Gobierno de Colombia reconoció el problema y explicó que ha recurrido la decisión de paralizar la exploración, a lo que se han sumado las petroleras, que a través del Ministerio de Minas y Energía también optó por impugnar este fallo judicial que afecta a la comunidad indígena Taganga.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, es ahora mismo la voz autorizada de las tres partes frente a la comunidad Taganga, con la intención de reactivar la actividad en la zona cuanto antes. «Esperamos que la instancia ante la cual hemos impuesto la revocatoria de este fallo nos lleve pronto a una decisión», asegura Roa, que explica que están «complacidos del apoyo del Gobierno en este propósito».

Roa, igual que el Ejecutivo de Petro y que la brasileña Petrobras, creen que esa actividad que se realiza en Uchuva-2 es «clave» en el propósito de garantizar la seguridad energética en Colombia y para contar con las reservas de gas natural que el país requiere en los próximos años. Y ahí es donde vienen los problemas.

Decisiones energéticas fallidas

Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha paralizado la compra de varios terrenos por parte de compañías de su país en Estados Unidos, donde pretendían llevar a cabo varias prácticas de fracking.

Además, el propio Petro presumió en la cumbre de la COP28 de haber dejado de «firmar nuevos contratos de exploración de carbón, petróleo y gas». Decisiones muy criticadas desde la oposición, porque cerca de 300.000 personas viven en Colombia de este tipo de actividades, sin contar los empleos indirectos que termina generando.

Además, este tipo de movimientos anti exploración terminaron provocando hace menos de un mes una crisis energética que derivó en la falta de combustible para las aerolíneas.

De hecho, en ese momento, y aunque acusaron cortes en una central de Ecopetrol para justificar la falta de combustible, dos consejeros independientes de la petrolera, Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, renunciaron a su cargo en medio de esa grave crisis. El motivo de la renuncia, según dijeron, era la existencia de discrepancias con las decisiones estratégicas de la compañía. Y no los cortes a los que aludía el Gobierno.

La ministra de Transportes colombiana, María Constanza García, corrió entonces a decir que el país «no tiene un problema con el combustible aeronáutico y que todos los incidentes están solucionados».

La reciente dimisión de varios consejeros de Ecopetrol se debió, cuando se dieron finalmente los motivos, a la decisión de la junta directiva de la empresa de no seguir adelante con la adquisición del 20% al 30% de los activos del proyecto Crownrock, propiedad de Occidental Petroleum Company (Oxy) en la cuenca del Pérmico, en Estados Unidos.

La falta de exploración, el veto a los contratos y ahora, el revés con la comunidad de Taganga en el Uchuva-2, presionan al Gobierno de Gustavo Petro, que trata de evitar una nueva crisis energética antes de la llegada del frío.