La CNMC intensifica su cerco a las empresas en la recta final del mandato de Quemada

Sólo han pasado siete años desde que Luis de Guindos capitaneó -en una España de 2012 con mayoría absoluta del Partido Popular- la creación del que se llamó entonces el ‘superregulador’, una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que iniciaba su andadura en octubre de 2013 tras englobar a los anteriores supervisores en competencia, energía y telecomunicaciones.

En estos años de vaivenes políticos, esta institución se ha mantenido estable gracias al mandato de seis años otorgado para su presidente José María Marín Quemada, que ha construido un regulador inspirado en organismos similares de otros países y que ha conseguido no agradar a casi nadie. Su mandato se cumple este mes de septiembre junto con el de otros cinco consejeros (María Fernández, vicepresidenta; Josep Maria Guinart, Clotilde de la Higuera, Benigno Valdés y María Ortiz). Todos ellos fueron nombrados como Quemada en septiembre de 2013 y todos ellos deben ser cambiados tal y como exige la ley de la CNMC: por decreto ley del Gobierno y aprobado por el Congreso, lo cual suele requerir un consenso de varios partidos y la segura presencia de las minorías nacionalistas vasca y catalana.

Ante la perspectiva del cambio inminente del regulador (un cambio que, no obstante, precisa de que haya primero Gobierno y una mayoría parlamentaria suficiente para apoyarlo), el equipo de trabajo con el que Marín Quemada ha funcionado durante el último sexenio ha pisado el acelerador para tratar de solventar antes de tiempo algunos de los muchos frentes en los que la CNMC está continuamente inmerso. Con mucha intensidad ha realizado una serie de acciones que han puesto a la CNMC más en el ojo del huracán que nunca durante la última semana.

Recorte de retribución

Los mercados energéticos, hiperregulados, son algunos donde más tiene que decir la CNMC, que tiene capacidad de decidir por ejemplo los peajes de la luz que acaban influyendo en el precio de la factura eléctrica. En el caso del mercado del gas, Marín Quemada ha decidido recortar la retribución a la distribución y transporte del gas en un 17,8% y un 21,8% respectivamente.

Incluso la agencia de calificación Standard&Poor’s anticipó un golpe al sector gasista español y anunció que los recortes previstos por la CNMC podrían suponer una rebaja de la calificación crediticia de las compañías gasistas del mercado.

Posiblemente esta es la decisión más llamativa de los últimos tiempos de CNMC, por cuanto afecta al corazón de grandes empresas como Naturgy (antigua Gas Natural) o Enagás, que posee la infraestructura gasista.

Cártel lácteo

El cártel lácteo, que esperaba el recálculo de una multa que ya fue impuesta por primera vez en 2015 y luego fue echada para atrás en los tribunales, vio el pasado viernes como la CNMC volvía a publicar la sanción. En una decisión que se esperaba que se produjera para el mes de agosto, la CNMC ha actuado con prontitud para que la sanción recalculada llegue antes de lo previsto y, sobre todo, para dejar solucionado el tema antes del cambio del presidente y la mitad del consejo.

El ‘multón’ al cártel lácteo el pasado año 2015 fue una de las acciones más sonadas de la división de Competencia de CNMC. Tras una denuncia, investigaron los actos de colusión de Puleva, Central Lechera Asturiana, Nestlé, Calidad Pascual, Lactalis y otros grupos lácteos. La multa administrativa fue recurrida en la Audiencia Nacional, que dio parcialmente la razón a Nestlé con defectos de forma.

Entre tanto, algunas sanciones han ido prescribiendo por el paso del tiempo. Sin embargo, el corazón de la sanción sigue viva, y al no haber rechazado la Audiencia Nacional el fondo del asunto (es decir, no ha negado las razones de CNMC) podría finalmente convertirse en firme, algo que es poco habitual hasta el momento en las multas por cárteles.

Multa a Telefónica

Telefónica ha sido otras de las grandes del Ibex que ha sido castigada esta misma semana. La CNMC ha abierto un expediente sancionador por posible incumplimiento de los compromisos adquiridos en la compra de DTS (la antigua Sogecable) en abril de 2015. El organismo de Marín Quemada dijo que está vigilando para verificar que Telefónica cumple con los compromisos ofrecidos para la aprobación de la toma del control de DTS al adquirir el 56% que era propiedad de Prisa.

Según ha indicado, con la adquisición en 2015 venían aparejados unos compromisos relacionados con el mercado de la televisión de pago.

Entre esas obligaciones, ha añadido, se incluían la comercialización mayorista de una oferta anual de contenidos consistentes en canales ‘premium’, la replicabilidad de los productos con estos canales y el acceso no discriminatorio de sus clientes de internet a contenidos de televisión de pago de operadores OTT (del inglés ‘over the top’). Estas obligaciones no se estarían cumpliendo, según dice la CNMC.