Cataluña nunca había dependido tanto del Estado: los españoles financiamos un 82% de sus gastos

Un 82% de la financiación de la Administración General de la Generalitat de Cataluña se hace a través de los distintos mecanismos de financiación autonómica que ofrece el Gobierno de España. De hecho, del total de la deuda que tiene contraída Cataluña a día de hoy, apenas un 5% corresponde a bonos y un 11% a los bancos. El resto, pagamos todos los españoles.

En total, la Generalitat de Cataluña reconoce una deuda, a fecha de junio de 2019, de 79.218 millones de euros, de los que más de 72.000 millones corresponden a los citados mecanismos de financiación.

Cabe recordar que la deuda de la Generalitat está catalogada como ‘bono basura’ por las principales agencias de rating, lo que les impide financiarse en el mercado de deuda, como hacen la mayoría de países, estados y comunidades del mundo… que gozan de la confianza de los inversores. Sin embargo, el ‘procés’ y los constantes desafíos de los Mas, Puigdemont, Torra y compañía han provocado una situación de la que sólo pueden salir pidiendo ayuda a aquellos de los que se quieren separar. Paradójico, ¿no?

Otro dato a tener en cuenta es el de la vida de la deuda catalana. Aproximadamente un 98% del pasivo de la Generalitat tiene vencimientos a largo plazo, mientras que apenas un 2% es a corto plazo.

Recortes

La Generalitat de Cataluña ha sacado la tijera. Tras millones de euros destinados a propaganda independentista, pseudo-embajadas y demás fines meramente ideológicos, a la región catalana se le acaba el dinero y se ve obligada a recortar el gasto de consejerías y empresas públicas catalanas. No basta con los 6.534 millones de euros que llevan pedidos a España en 2019, ni con los más de 80.000 millones de euros que acumulan desde que Cataluña empezó a utilizar los fondos de financiación autonómica. Los gastos superfluos ideológicos y políticos se están comiendo la economía catalana.

El consejero de Economía, Pere Aragonès, anunció hace unos días que la Generalitat recortará el gasto de las consejerías y de las empresas públicas catalanas, aunque en principio no afectará al pago de nóminas, servicios básicos e inversiones y gastos ya comprometidos. El objetivo: cuadrar las cuentas de 2019 y no generar más déficit del permitido.

Cabe recordar, en este sentido, la ingente cantidad de dinero que la Generalitat gasta en sus más de 180 entes, empresas públicas, consorcios y fundaciones que, según el Tribunal de Cuentas, cuesta a las arcas catalanas más de 22.000 millones de euros.