Piden 4 años de cárcel para Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana por alzamiento de bienes
Se acusa a la extenista y a su exmarido, Josep Santacana, de insolvencia punible y se les reclama el pago de 6,1 millones de euros al Banco de Luxemburgo. El Ministerio Público responsabiliza a Arantxa Sánchez Vicario de actuar "bajo las consignas de su marido".
El divorcio de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana, a punto de resolverse de una vez por todas
Negros nubarrones se ciernen sobre la figura de Arantxa Sánchez Vicario. Unos meses después de sonreír por conseguir que su divorcio se resolviera en Miami, tal y como era su deseo, la extenista se ve salpicada por otra polémica. La Fiscalía de Barcelona ha solicitado cuatro años de cárcel tanto para ella como para su exmarido, Josep Santacana, por un presunto delito de alzamiento de bienes.
El Ministerio Público les responsabiliza de preparar una estrategia para descapitalizar su patrimonio mediante la cual evitarían el pago de una deuda al banco de Luxemburgo, requerida desde 2010, con «ánimo de un enriquecimiento ilícito», según indican. Además, responsabiliza a Vicario de actuar «bajo las consignas de su marido». Esto se traduce en la reclamación de la pena de prisión mencionada, 8.640 euros de multa para Sánchez Vicario y Santacana, así como 6,1 millones en responsabilidad civil; y tres años y medio de prisión y multa de 7.560 euros para los cómplices.
Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana habrían vaciado sus cuentas bancarias, borrado cobros de procedimientos judiciales para evitar el embargo, así como cobrado «de forma opaca» reportajes en medios de comunicación. La Justicia considera que también se deshicieron voluntariamente de su patrimonio inmobiliario en la avenida Diagonal de Barcelona y una vivienda en Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava de Cataluña.
Pero aún hay más. La Fiscalía sostiene que la exdeportista era propietaria y beneficiaria de al menos cinco empresas, titulares de varios bienes inmuebles, que después de notificársele la deuda con Hacienda pasaron a estar a nombre de una sociedad uruguaya. Entre los años 2010 y 2016, Vicario vendió distintas propiedades a nombre de sociedades en España, islas Marshall y Uruguay, por las que se podría haber embolsado ocho millones de euros, según la información que manejaba el Banco de Luxemburgo. El problema es que el dinero nunca apareció y su paradero continúa siendo un misterio sin resolver.
Este barullo judicial que atañe a la extenista desemboca del año 2009, cuando el Tribunal Supremo la condenó a pagar una multa de 5,2 millones por fraude fiscal en España. Esa deuda fue abonada mediante un aval del Banco Sabadell que a su vez consiguió el dinero mediante otro contraaval firmado por el Banco de Luxemburgo.
Arantxa había declarado su residencia en Andorra, pero la Justicia reveló que eso no era cierto y que estaba defraudando a la Hacienda española, por lo que debía abonar el pago de los impuestos correspondientes. Posteriormente se amplió la querella criminal a su entonces marido, Josep Santacana, como gestor de su patrimonio.
El otro partido de Arantxa Sánchez Vicario
Más contenta se mostró la barcelonesa cuando hace unos meses la Justicia aceptó su pretensión de que el desenlace judicial de su divorcio se resolviera en Miami y no en su ciudad natal. Fue el abogado de Arantxa, Ramón Tamborero, el que adelantó al resolución: «La Audiencia Provincial de Barcelona considera que el Tribunal español no es competente para tramitar el proceso de divorcio que instó el señor Santacana y deriva el procedimiento, si lo quieren plantear, a los tribunales de Miami, que era lo que nosotros desde el primer día estuvimos manteniendo». Así, las cosas, las aguas vuelven a bajar revueltas en la vida de Arantxa Sánchez Vicario cuando llevaba unos meses disfrutando de cierta tranquilidad.
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