El Gobierno de Mazón reclama oficialmente a Sánchez que le transfiera las competencias del litoral

El Pleno del Gobierno valenciano de este martes solicitará formalmente al Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez, la transferencia de todas las competencias en la gestión del litoral valenciano, según ha anunciado el presidente del Consell, Carlos Mazón, en el transcurso de una visita este lunes a la localidad alicantina de Villajoyosa, ubicada junto a Benidorm. En Villajoyosa, se ha producido la presentación de Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana. Y es en virtud de esa ley y del Estatuto de Autonomía por lo que Carlos Mazón efectúa ahora esa solicitud.

Carlos Mazón ha explicado que el Gobierno valenciano solicita la transferencia de las competencias en la gestión del litoral autonómico al amparo del artículo 49 del Estatuto de Autonomía. En concreto, el punto 9 del citado artículo reza que la Generalitat Valenciana tiene competencias en materia de «ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda».

Carlos Mazón ha explicado que esta petición no es una ganancia competencial «sino cualitativa» de gestión que la Generalitat Valenciana está  dispuesta a asumir para «administrar con responsabilidad y cercanía lo que es nuestro deber desde el autogobierno». Con esta medida, el Gobierno valenciano reclama la transferencia de bienes y servicios, incluyendo el reparto de competencias, de personal, de bienes muebles e inmuebles y recursos económicos.

Carlos Mazón ha explicado, también, que se trata del «paso final» para disponer de un marco normativo «coherente con las necesidades» del litoral valenciano, «de los que viven en él y de él». Y se produce tras la aprobación de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, en las Cortes de la Autonomía, este 15 de mayo.

La nueva ley marca los criterios de clasificación de la costa valenciana en tres tipos: protección ambiental, mejora ambiental y paisajística y reordenación. Además, incorpora en sus disposiciones adicionales cuestiones como la vigilancia sobre las resoluciones estatales que puedan suponer un perjuicio al litoral valenciano o sus habitantes. Y es, también, la primera norma valenciana sensible a la preservación de los valores naturales esenciales de la biodiversidad, evitando cualquier acción u omisión que provoque daños en ella.