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Sancionada por chivata: multan a una conductora en Ibiza por filtrar en Telegram la ubicación de un control

Su mensaje alertó a conductores y puede derivar en una multa de hasta 30.000 euros

Ibiza se ha visto sacudida por un incidente que ha dejado a más de uno con la boca abierta: la Guardia Civil ha levantado acta de denuncia contra una mujer que, según las autoridades, hizo uso no autorizado de información sensible sobre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la isla. Es decir, ha sido multada por chivata.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en la carretera EI-200, donde agentes de la Guardia Civil de Santa Eulalia des Riu realizaban un punto de verificación de vehículos y personas. En un primer momento, los guardias identificaron a dos mujeres que circulaban por la vía, permitiéndoles continuar su marcha sin incidencias aparentes.

Sin embargo, minutos más tarde, los agentes notaron un curioso fenómeno: el tráfico comenzó a disminuir drásticamente, y varios vehículos desviaron su rumbo por un camino vecinal paralelo. La situación levantó sospechas inmediatas, y los investigadores empezaron a indagar en posibles filtraciones de información.

El foco de la investigación se centró en un grupo de Telegram llamado ANONYMOUS GROUP, supuestamente dedicado a informar sobre incidencias de carreteras en Ibiza. Fue allí donde los agentes detectaron un mensaje que dejaba poco lugar a dudas: «Control rotonda Santa Eulalia», exactamente el lugar donde se encontraba el operativo policial.

Gracias a la pericia de la Guardia Civil, se identificó a la responsable del mensaje: una de las mujeres que había sido parada minutos antes. La mujer fue localizada y notificada de que se había levantado un acta de denuncia conforme a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, específicamente por el artículo 36.23, que sanciona el uso no autorizado de datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que puedan comprometer la seguridad de los agentes o el éxito de los operativos.

Las sanciones previstas son considerables, desde 601 hasta 30.000 euros, lo que refleja la gravedad de este tipo de conductas en un país donde la protección de la seguridad ciudadana es prioritaria.

Desde la Guardia Civil se recuerda que la difusión de información relativa a los operativos policiales no solo está prohibida, sino que puede tener consecuencias legales graves, y este caso se ha convertido en un ejemplo claro de que las chivatas digitales pueden traer problemas muy serios.