Prohens detecta más irregularidades en la compra de pisos de lujo pactada por Armengol para hacer VPO

El Govern de Marga Prohens está analizando a fondo todo el expediente sobre la operación para la compra de un bloque de pisos de lujo a  Metrovacesa para hacer 88 VPO que aprobó el Ejecutivo de Francina Armengol antes de las elecciones. El Govern ha retrasado la presentación de la denuncia en la Fiscalía al detectar más sobrecostes e irregularidades que inicialmente no había visto.

El Govern balear ya anunció la pasada semana que había descubierto «irregularidades gravísimas» y anuló la operación de compraventa pactada por Armengol. Detectó, entre otras cosas, un sobreprecio del 40% sobre el estipulado en relación al precio máximo tasado por metro cuadrado.

Inicialmente la nueva Conselleria de Vivienda que preside la menorquina Marta Vidal detectó un perjuicio para las arcas públicas de más de 10 millones de euros en la compra de estos pisos de lujo. A esta cantidad había que añadir unos 400.000 euros para la reconversión de los pisos en viviendas sociales. Ahora, se ha concluido que el coste para la adecuación de los pisos en VPO es muy superior y que toda la operación hubiera supuesto un perjuicio para las arcas públicas de más de 12 millones de euros.

Una vez analizados todos los documentos del expediente, el Govern lo elevará a la Fiscalía para que determine si hay indicios de delito en la operación inmobiliaria aprobada por Francina Armengol cuando estaba en funciones.

Entre las irregularidades descubiertas hay que mencionar que los pisos no contaban ni con cédula de habitabilidad ni con licencia de primera ocupación. Además, si la operación se hubiera hecho unas semanas después, se hubiese aplicado el 4% de IVA y no el 21%, que es el que figuraba en el expediente.

«Se pagaba el metro cuadrado a 3.800 euros en lugar de algo de más de mil, que es a como está el metro cuadrado en vivienda tasada en Baleares», apuntó la consellera de Vivienda, Marta Vidal. Tanto Vidal como el vicepresidente del Govern, Toni Costa, sostienen que no entienden los motivos de esta operación inmobiliaria que han calificado de «política en vez de técnica».

Además de todo lo apuntado, existían numerosos informes desfavorables del propio Instituto Balear de Vivienda (Ibavi), aparte de varios informes preceptivos que no figuran. A pesar de todo ello, el Govern de Armengol en funciones persistió en la operación a pesar de que existía una suspensión cautelar del procedimiento por parte de la Justicia. El 30 de junio, un mes después de las elecciones autonómicas, el Govern en funciones de Armengol envió un requerimiento a Metrovacesa con tal de firmar la compraventa el 5 de julio, un día antes de la investidura de Marga Prohens.

El nuevo Govern ya ha mantenido contactos con la empresa para anular la venta, que ahora mismo está paralizada por un juez. El Govern asegura que el expediente «presenta enormes lagunas jurídicas».

La operación financiera, en concreto, se materializó a falta de tres días para el inicio de la sesión de investidura de Prohens (PP) como nueva presidenta de Baleares haciendo uso el anterior Govern de izquierdas del ejercicio del derecho de tanteo y retracto en las transmisiones de inmuebles entre grandes tenedores, regulado en la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Islas Baleares.

Si el pasado 30 de marzo Metrovacesa notificaba a la Conselleria de Movilidad y Vivienda y al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) la intención de vender el edificio de nueva construcción en el que se ubican estos pisos, el Ejecutivo de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos aceptaba en plazo el pago de la cantidad requerida para su adquisición, en concreto, un total de 25.871.323,82 euros