Palma mantendrá la gratuidad de la EMT en 2025 pese a la «insuficiente» partida del Gobierno de Sánchez

El Ayuntamiento de Palma gobernado por Jaime Martínez (PP) pone fin al culebrón y finalmente mantendrá la gratuidad la gratuidad de la EMT durante el 2025 pese a que la partida asignada por parte del Gobierno central de Pedro Sánchez es «insuficiente». De esta manera, podrán viajar gratis durante el próximo año aquellos usuarios que dispongan de la tarjeta ciudadana o la del TIB.

Pese a este anuncio, el Consistorio palmesano ha denunciado que «la bonificación destinada hasta la fecha por el Gobierno a Baleares, de la que a Palma le corresponden 18 millones de euros, es claramente insuficiente». De hecho, desde el gobierno municipal han arremetido contra el «oportunismo político» de Sánchez ya que la decisión, tomada a escasos días de que finalice el año, no aclara que cuantía se destina para 2025.

El Ayuntamiento de Palma ya advirtió que el gasto para aplicar la gratuidad es de 25 millones de euros anuales y que de la ayuda estatal se reciben 18 millones, por lo que se ha generado un déficit de unos 15 millones de euros entre 2023 y 2024, que ha obligado a la empresa municipal a solicitar un crédito extraordinario por ese importe para hacer frente a este descuadre.

Es por ello que la institución municipal gobernada por el PP ha indicado que «si la bonificación contemplada por el Gobierno para 2025 es la misma que la asignada en 2023 y 2024 se siga incrementando el déficit con el consiguiente perjuicio para la empresa pública y las dificultades que ello supone para asegurar la calidad del servicio, teniendo en cuenta el incremento de pasajeros que se viene produciendo año tras año, ya que si en 2019 el número de viajeros fue de algo más de 43 millones, la previsión es cerrar el año en curso con aproximadamente 60 millones».

Una gratuidad irreal

El Ayuntamiento de Palma considera que la gratuidad ofrecida por el Gobierno en 2023 y 2024 «no ha sido real» porque «no ha cubierto la totalidad del coste». «Para que eso suceda es necesario que la aportación estatal ascienda hasta los 25 millones de euros anuales», según los cálculos de Cort.

Al respecto, el Consistorio ha exigido al Gobierno que «asuma la totalidad del coste que supone una medida que se ha tomado sin tener en cuenta a las comunidades ni a los municipios», ha reprochado, y, en consecuencia, acudirá a las instancias que sean necesarias para que se cubra la totalidad del gasto que supone esta medida.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Palma ha alertado que «la prolongación de la gratuidad en las condiciones actuales dificulta la recuperación de frecuencias y líneas suprimidas en legislaturas pasadas, conforme al compromiso del actual equipo de gobierno municipal de ofrecer un transporte público de calidad».