Monstruo sexual en Mallorca: abusaba de la nieta de cinco años de su pareja cuando se quedaba a su cargo

Un entorno que debía ser de plena confianza familiar terminó convirtiéndose en el escenario de un grave delito continuado contra la libertad sexual. La Audiencia Provincial de Palma juzga este martes a un hombre que se enfrenta a una petición de 10 años de prisión por abusar de la nieta de su pareja en la cuando la pequeña apenas tenía entre 5 y 8 años de edad. Según la Fiscalía, el procesado se valió del papel de cuidado que ejercía sobre la menor para someterla a tocamientos tanto el propio domicilio familiar y en las zonas comunes de su edificio.

Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación, el primer episodio tuvo lugar en una fecha indeterminada del año 2021 en una vivienda familiar de Palma. El acusado, que convivía en el domicilio con la abuela de la víctima, aprovechó los momentos en que la pequeña quedaba a su cuidado. Movido por un ánimo libidinoso y valiéndose de su posición de superioridad, le pidió a la menor que le realizara tocamientos en sus partes íntimas.

El segundo ataque ocurrió el 13 de abril de 2024, sobre las 11:00 horas, cuando la menor contaba con 8 años. Al regresar ambos de hacer la compra, el procesado abrió la puerta de un habitáculo situado junto a los ascensores a la entrada del edificio y le solicitó nuevamente a la niña que le realizara tocamientos genitales. Ante la negativa de la menor a acceder a sus pretensiones, el acusado se negó a acompañarla de vuelta, causándole un profundo malestar.

El Ministerio Público califica estos hechos de manera separada: el primer episodio como un delito de abuso sexual agravado por la situación de superioridad (según la legislación aplicable a 2021) y el segundo como un delito de agresión sexual, también con la agravante de prevalimiento de superioridad. Por el primer delito solicita 5 años de prisión, y por el segundo exige otros 5 años de cárcel.

Además de los 10 años de pena privativa de libertad, la Fiscalía reclama imponer al acusado cinco años de libertad vigilada tras su salida de prisión, la inhabilitación especial para trabajar o tener contacto regular con menores de edad durante un periodo de seis años y el abono de una indemnización de 5.000 euros a la víctima por el perjuicio psicológico sufrido.