El ministro Óscar Puente reconoce a regañadientes que Baleares se ha convertido en una autopista de entrada de inmigrantes ilegales
En su comparecencia en el Senado admite un notable aumento de llegadas en patera y promete más medios para Salvamento Marítimo
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha terminado reconociendo este pasado martes una realidad cada vez más evidente en Baleares: el archipiélago se ha convertido en una de las principales puertas de entrada de inmigración ilegal a España por mar.
La magnitud del problema es tal que el ministro se ha visto obligado a garantizar que el Ejecutivo seguirá aumentando y dimensionando la capacidad operativa del servicio público para poder hacer frente a las constantes alertas y emergencias que genera la llegada de embarcaciones al archipiélago balear.
Aunque sin llegar a utilizar esos términos, Puente ha admitido durante su comparecencia en el Senado el “notable” incremento de personas llegadas en patera a las costas baleares respecto al verano de 2025, una situación que ha obligado al Gobierno a prometer nuevos refuerzos para Salvamento Marítimo.
“Es voluntad del Ministerio y del Gobierno de España dimensionar la capacidad de Salvamento Marítimo para estar siempre en disposición y, si es posible, con holgura, de atender todas las alertas y todas las emergencias de carácter humanitario”, ha afirmado Óscar Puente.
Sus palabras suponen, en la práctica, el reconocimiento de que la presión migratoria sobre Baleares ha aumentado hasta el punto de exigir una respuesta cada vez mayor por parte del Estado.
El ministro ha tratado de presentar como “altamente positivo” el balance de la actuación de Salvamento Marítimo durante el verano de 2026. Sin embargo, detrás de ese discurso se encuentra una realidad difícil de ocultar: las llegadas de pateras a Baleares han aumentado de forma notable en comparación con el verano anterior.
El propio Puente ha reconocido que Salvamento Marítimo ha tenido que atender todas las embarcaciones detectadas con inmigrantes en el entorno costero de las islas Baleares. Ante este incremento, el Gobierno promete ahora reforzar los medios disponibles y asegura que Baleares “no será una excepción” en la ampliación de recursos.
La presión migratoria ha situado especialmente a Formentera entre los puntos más sensibles del archipiélago. La isla cuenta con un dispositivo permanente coordinado por el Centro de Coordinación de Salvamento de Baleares, encargado de supervisar el tráfico marítimo y coordinar las operaciones de emergencia.
Desde 2025 se han incorporado progresivamente nuevos medios, entre ellos una embarcación, un helicóptero Helimer preparado para actuar en todo el entorno balear y un remolcador de gran porte. Puente ha defendido que estos recursos permiten atender las intervenciones que se producen en Formentera, donde durante este verano se han contabilizado seis actuaciones.
Pero el anuncio de nuevos refuerzos evidencia que la situación está lejos de ser coyuntural. El incremento de las llegadas obliga al Gobierno a adaptar permanentemente sus recursos ante una ruta migratoria hacia Baleares que gana protagonismo año tras año. Hasta hace poco tiempo, la actual secretaria de Estado de Interior, la mallorquina, Aina Calvo y el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negaban dicha ruta. Finalmente, ante las demoledoras cifras de entrada de inmigrantes ilegales no les quedó más remedio que recular y aceptar la realidad.
Durante su intervención, Puente también ha felicitado a los cerca de 1.500 trabajadores de Salvamento Marítimo por su labor durante la temporada estival. Sin embargo, más allá de los elogios a los profesionales, la intervención del ministro deja una conclusión clara: el Gobierno ya no puede ignorar la creciente presión migratoria que soportan las Baleares.
El reconocimiento del “notable” aumento de llegadas y la promesa de incrementar los medios de Salvamento Marítimo en Baleares confirman que el archipiélago se enfrenta a una realidad cada vez más preocupante: las costas baleares han ganado peso como ruta de entrada de inmigración irregular y el Ejecutivo se ve obligado ahora a reforzar su capacidad de respuesta.
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