A juicio un ecuatoriano por abusar y someter a tocamientos a su hijastra menor en sitios públicos de Palma
El acusado, que se enfrenta a diez años de cárcel, abusaba de la niña en playas y paradas de autobús de la capital balear
La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzga este martes a un hombre de origen ecuatoriano que se enfrenta a un total de 10 años de cárcel por un delito de agresión sexual por someter a su hijastra menor a tocamientos de índole sexual en al menos dos ocasiones en Palma. El individuo aprovechó su posición familiar y la autoridad que ejercía sobre la joven para cometer los abusos, todos ellos en sitios públicos.
Según el escrito de acusación fiscal, el primer episodio tuvo lugar en el año 2019, de madrugada, en una playa de la capital balear. En aquel momento, la víctima tenía apenas trece años. Según detalla el documento, al encontrarse a solas con ella, el padrastro realizó tocamientos de índole sexual por encima de la ropa.
El segundo incidente ocurrió tres años más tarde, el 16 de junio de 2022, en una parada de autobús. Repitiendo el mismo patrón y amparándose de nuevo en su rol familiar, el acusado presuntamente la abrazó por la espalda y volvió a realizar tocamientos en el cuerpo de la menor. Tras este último suceso, el hombre ingresó en prisión preventiva el 24 de junio de ese mismo año.
Las secuelas para la víctima han sido profundas. El informe subraya que, a consecuencia de lo vivido, la joven ha padecido fuertes reacciones de ansiedad y ha vivido con el temor de que los hechos pudiesen volver a repetirse.
Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía acusa al hombre de dos delitos de agresión sexual a una menor de 16 años y solicita una pena de cinco años de cárcel por cada uno de ellos. Además de la condena de prisión, se exige una orden de alejamiento que le impediría acercarse a menos de 500 metros o comunicarse con la víctima durante seis años.
El castigo propuesto incluye también cinco años de libertad vigilada tras cumplir la pena, la prohibición de trabajar con menores durante una década y el pago de una indemnización de 10.000 euros para compensar el daño moral causado a la joven.
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