Un joven lleva a una mujer con discapacidad a su casa de Palma para consumir cannabis y acaba violándola
El acusado contactó con la víctima vía WhatsApp y la convenció para que fuera a su domicilio
La Fiscalía pide cinco años de cárcel para el procesado por un delito de agresión sexual
Un joven de 26 años se enfrenta a cinco años de cárcel por presuntamente quedar con una mujer con una discapacidad intelectual del 54% para consumir cannabis en su casa de Palma y acabar violándola. El individuo se sienta este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares al estar acusado de un delito de agresión sexual.
Los hechos se produjeron durante la mañana del 4 de marzo de 2025 en la capital balear, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso OKBALEARES. El procesado entabló contacto con la víctima a través de WhatsApp y, valiéndose de su vulnerabilidad, la convenció para que acudiera a su domicilio de la capital balear. La finalidad inicial del encuentro consistía en consumir sustancias estupefacientes entre ambos, concretamente cannabis.
Sin embargo, una vez en el interior del inmueble, el acusado comenzó a besarla sin consentimiento alguno y procedió a bajarle los pantalones para penetrarla vaginalmente. La agresión se ejecutó directamente contra la voluntad expresa de la joven, quien manifestó reiteradamente y de forma verbal su negativa explícita a mantener cualquier tipo de relación sexual con el procesado. A pesar de la oposición manifestada en todo momento por la afectada, el hombre llevó a cabo la penetración.
La Fiscalía califica este suceso como un delito de agresión sexual con penetración cometido sobre una persona vulnerable por razón de su discapacidad. Sin embargo, en su calificación provisional, la acusación pública contempla la concurrencia de dos circunstancias atenuantes: la analógica de toxifrenia (al tener el acusado mermadas sus capacidades por consumo habitual de drogas) y la de reparación del daño, dado que consignó previamente 10.000 euros para hacer frente a las responsabilidades civiles.
Además de los cinco años de prisión, se exige una medida de alejamiento de 500 metros durante 10 años, libertad vigilada por el mismo tiempo e inhabilitación para trabajar con menores de edad.
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