Los ecologistas exigen al alcalde de Palma frenar el pelotazo de Ses Fontanelles que destapó OKDIARIO

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 15/02/2022 13:45
  • Actualizado: 15/02/2022 13:45

Los ecologistas del GOB han exigido hoy al Ayuntamiento de Palma la restauración integral del hábitat natural de Ses Fontanelles y la desurbanización de este espacio, rechazando con ello la propuesta del gobierno municipal incluida en el nuevo Plan General de Palma.

Se trata de la alegación de mayor calado entre la veintena que esta entidad ha presentado al nuevo planeamiento urbano de la capital balear, cuyo periodo de exposición pública concluye hoy.

El colectivo lamenta que la solución propuesta para el nuevo Plan mantiene edificabilidad de 93.181 metros cuadrados allí prevista, con una reordenación de las zonas de implantación de la edificación, concentrando la edificabilidad con una mayor altura para una menor ocupación de suelo y liberar terrenos para la clasificación en suelo rústico y su calificación como sistema general de espacios libres.

En la misma línea, critican la diversificación de los usos dentro del sector, posibilitando usos residenciales, además de comercial, restauración, servicios privados y similares, lo que a juicio de esta entidad, es todo un despropósito. Tras recordar que esta propuesta del gobierno de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos, «dista mucho del compromiso político de protección integral definitiva de esta última zona húmeda de la ciudad», exigen la restauración del 100% del hábitat.  

Otras alegaciones de los ecologistas están referidas a  la necesidad de revisar «en profundidad» la memoria económica, que «incentiva procesos especulativos ,y no refleja la realidad de las cargas y beneficios del proceso urbanizador».

«La aprobación inicial del Plan General de Palma», abundan, «es un hecho de importante magnitud y trascendencia, un instrumento que integra cuestiones cada vez más relevantes y preocupantes, como el acceso a la vivienda, la movilidad urbana, la ‘turistificación’ excesiva, la integración del medio ambiente en los contextos urbanos o la crisis climática», recuerdan. Aunque consideran que el documento es «un buen punto de partida, algunos de los planteamientos que desarrolla distan en la práctica del planteamiento teórico», lo que reflejaría una «falta de coherencia».

Según el GOB, entre los aspectos más relevantes se encuentra la reactivación del Decreto Ley 9/2020. En este sentido, han solicitado la no reversión de los efectos del decreto en el caso de Son Ximelis, Son Puigdorfila, Son Pardo, Son Bordoy, Son Toells y Son Ametller, criticando también la ausencia de participación ciudadana. 

Sobre esto, han lamentado la falta de un «proceso real de participación ciudadana en un instrumento de tanta trascendencia, magnitud y complejidad», y han asegurado que determinadas actuaciones en puntos de la ciudad, «han levantado la oposición vecinal» por no incidir «en un proceso de participación que integre la realidad social, ambiental o de servicios y conectividad de espacios que se verán afectados por nuevos crecimientos. 

También hizo público esta mañana la Federación de Vecinos el contenido de las alegaciones presentadas al nuevo planeamiento urbano de Palma, exigiendo bajar el suelo urbanizable para optar a un crecimiento cero de la población.  Este colectivo, afín al gobierno municipal,  ha planteado que se establezca un censo y un mapa de zonas saturadas en materia de locales de restauración, ocio y juego, incluyendo discotecas y salas de fiesta que deberían quedar totalmente prohibidas en plurifamiliares, y que no se puedan dar más licencias de estos usos en estas zonas.

Por ello han propuesto el mismo criterio para las zonas saturadas de centros escolares, que suponen grandes desplazamientos de vehículos en horas punta. «Consideramos imprescindible proteger mucho más el suelo público, que en cualquier caso, no debería convertirse en una mercancía y ser objeto de venta por parte de las instituciones públicas», concluye la federación.