Concordia, la gran mentira de Sánchez

La amnistía no ha traído la reconciliación que prometió el presidente: ha reforzado la impunidad política y alimentado la soberbia de quienes nunca han renunciado a sus objetivos independentistas.

¡Concordia! Esa fue una de las grandes justificaciones que Pedro Sánchez esgrimió para conceder la amnistía a Carles Puigdemont y a los responsables del procés, después de haber defendido anteriormente que esa medida no cabía en la Constitución. También los indultos se presentaron como instrumentos para cerrar heridas, superar enfrentamientos y recuperar la convivencia. Había que perdonar, nos dijeron, para mirar al futuro. Había que pasar página en nombre de la reconciliación.

Pero ¿dónde está esa concordia? ¿Dónde está el arrepentimiento de quienes quebrantaron el orden constitucional? ¿En qué momento han renunciado a sus pretensiones de independencia y a su propósito de fracturar España?

La respuesta acaba de ofrecérnosla el propio Puigdemont. Y no puede ser más reveladora. El ex presidente de la Generalitat y líder de Junts ha emplazado al Tribunal Supremo a aplicarle «sin más demora» la ley de amnistía, incluida su causa por malversación, después del aval del Tribunal Constitucional a la aplicación de esa medida a dicho delito. En su escrito de alegaciones, sostiene que ejecutar la amnistía contribuiría a la «normalización institucional, política y social» de Cataluña.

Y ahí tenemos, una vez más, la palabra mágica: normalización. La misma idea de concordia con la que Sánchez pretendió justificar una decisión que ha dividido profundamente a los españoles y que muchos consideramos una claudicación ante quienes hicieron del desafío al Estado su principal instrumento político.

¿De qué normalización hablamos? ¿De aquella en la que los responsables de un golpe contra el orden constitucional reciben el perdón mientras mantienen intactas sus aspiraciones? ¿De aquella en la que quien ha permanecido fuera de España desde 2017 exige ahora que los tribunales ejecuten la amnistía con urgencia, mientras el discurso independentista continúa alimentando el enfrentamiento con el Estado?

Porque lo verdaderamente significativo no es que Puigdemont reclame la aplicación de una ley aprobada por las Cortes. Es que invoque la concordia y la normalización sin que ello implique, por su parte, una renuncia a sus objetivos políticos. No hay en sus palabras una retractación de lo sucedido, una voluntad de abandonar el proyecto independentista ni un reconocimiento del daño causado. Lo que hay es la exigencia de que se le aplique el perdón que reclama, sin que eso suponga abandonar sus pretensiones.

Y, mientras tanto, seguimos escuchando la misma cantinela: la supuesta opresión del Estado español, el supuesto derecho a la independencia, las referencias al artículo 155 y la eterna victimización del nacionalismo. Cambian las circunstancias, cambian los interlocutores y cambian las concesiones, pero el discurso permanece. También permanece esa actitud de superioridad con la que los dirigentes independentistas se dirigen a España, como si el Estado tuviera que pedirles disculpas por defender su propia legalidad.

Eso es lo que queda de la concordia prometida: no una reconciliación basada en el respeto a la ley y en la renuncia al enfrentamiento, sino una nueva oportunidad para que el independentismo continúe defendiendo sus objetivos mientras reclama más concesiones.

La amnistía constituye, a mi juicio, uno de los episodios de mayor corrupción política de nuestra democracia, porque se presentó como una necesidad colectiva cuando su concesión resultaba decisiva para conseguir los votos que permitieron a Sánchez alcanzar la Presidencia del Gobierno. No hablamos de corrupción en el sentido de una condena penal por ese acuerdo, sino de una degradación política y moral: subordinar una decisión de semejante trascendencia para el Estado a la necesidad de reunir los apoyos parlamentarios necesarios para conservar el poder.

Sánchez pasó de afirmar que la amnistía no tenía cabida en la Constitución a convertirla en una de las principales concesiones de su política de alianzas. Y lo hizo con el respaldo de quienes habían protagonizado el desafío independentista y que ahora podían proporcionarle los votos que necesitaba.

¿De verdad alguien puede sorprenderse de que Puigdemont interprete esa decisión como una victoria propia? ¿Cómo no va a exigir más quien ha comprobado que sus votos tienen un precio político extraordinario? ¿Cómo esperar gratitud o moderación de quienes no han ocultado sus objetivos?

El problema no es solamente lo que se concede, sino también el mensaje que se transmite. Cuando un gobernante sacrifica principios que antes consideraba irrenunciables para mantenerse en el poder, enseña a sus socios que la presión funciona, que la amenaza resulta rentable y que siempre puede obtenerse algo más. La política deja entonces de servir al interés general para convertirse en una negociación permanente en la que la unidad nacional, la igualdad ante la ley y la confianza de los ciudadanos quedan subordinadas a la aritmética parlamentaria.

Y no olvidemos que esos apoyos no procedieron únicamente del independentismo catalán. Sánchez también contó con el respaldo de EH Bildu, una formación heredera del espacio político de la izquierda abertzale, para cuya relación con el terrorismo de ETA existen razones históricas y morales de sobra para exigir una memoria sin blanqueamientos. La suma de esos apoyos permitió una investidura, pero no convirtió en legítimas, por el mero hecho de reunir los votos necesarios, todas las concesiones políticas que después se realizaron.

Lo que está en juego trasciende, por tanto, la situación judicial de Puigdemont. Afecta a la credibilidad de las instituciones, a la igualdad de los españoles ante la ley y a la propia idea de que nadie debería estar por encima del orden constitucional.

Y frente a todo ello, ¿qué hace el Gobierno? Continúa defendiendo la amnistía como instrumento de convivencia, como si repetir una palabra pudiera transformar la realidad. Pero la concordia no se decreta ni se compra con concesiones. Se construye sobre el respeto mutuo, la lealtad institucional, la aceptación de las reglas comunes y la renuncia a imponer por la fuerza o mediante el chantaje político un proyecto incompatible con la unidad del Estado.

No se exige concordia a una parte mientras se premia políticamente a quienes mantienen el enfrentamiento. No se reconstruye la convivencia haciendo creer a los ciudadanos que la ley puede cambiar de significado según las necesidades de quien gobierna. Y no se fortalece la democracia presentando como una victoria colectiva lo que, en realidad, responde a una negociación de poder.

Por eso, lo sucedido no puede interpretarse como la victoria de Puigdemont sobre un Estado opresor, ni como la derrota de la democracia española. La democracia no es propiedad de Sánchez, ni de Puigdemont, ni de ningún partido. Es el marco constitucional que nos pertenece a todos y que debe protegernos frente a los abusos de cualquier poder.

Lo que estamos presenciando es, desde mi punto de vista, la victoria coyuntural de la conveniencia política sobre los principios, de la cesión sobre la firmeza y del interés personal sobre el interés nacional. Una victoria que puede tener consecuencias duraderas si quienes deben defender el Estado de derecho terminan aceptando que la amenaza y el chantaje son caminos legítimos para obtener privilegios.

España no necesita una concordia impostada que sirva para justificar cualquier concesión. Necesita firmeza democrática, igualdad ante la ley y dirigentes dispuestos a defender el interés nacional incluso cuando hacerlo ponga en peligro sus propias aspiraciones de poder.

Y llegados a este punto, resulta inevitable recordar una frase atribuida a Winston Churchill que resume con una crudeza extraordinaria el peligro de confundir la paz con la rendición: «Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra. Elegisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra».

No se trata de anunciar una guerra literal, sino de advertir de las consecuencias políticas de la claudicación: quien cede ante una exigencia sin obtener una renuncia real a los objetivos que la motivan puede descubrir que no ha resuelto el conflicto, sino que ha incentivado nuevas exigencias.

Eso es precisamente lo que temo que esté ocurriendo en España. Se invocó la concordia para justificar la amnistía y ahora se pretende presentar su aplicación como una prueba de normalización. Pero, mientras no exista una renuncia inequívoca al propósito de quebrar la unidad nacional, esa concordia seguirá siendo una palabra vacía.

Porque la verdadera concordia no consiste en que España perdone mientras quienes la desafían mantienen intactas sus pretensiones. Consiste en que todos respeten las mismas leyes, las mismas instituciones y el mismo marco constitucional. Todo lo demás no es reconciliación: es rendición disfrazada de concordia.