Concentración en Palma contra la ley que permitirá construir en suelo rústico para abaratar la vivienda

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 31/07/2025 13:00
  • Actualizado: 31/07/2025 13:00

En torno a medio centenar de personas se han concentrado esta mañana en frente del Ayuntamiento de Palma para mostrar su rechazo a la ley de obtención del suelo aprobada en el Parlament.

Bajo el lema clásico del ecologismo mallorquín de la década pasada Qui estima Mallorca no la destrueix, vecinos de barrios palmesanos, como Son Sardina, han reclamado al gobierno municipal que encabeza Jaime Martínez que no aplique la posibilidad de construir en suelo rústico sin agotar el urbanizable.

En palabras del representante de la entidad Estimam Son Sardina Toni Marimón, en declaraciones a los medios, esta medida será «la más destructora contra el medio ambiente que se haya aprobado nunca en la historia de Mallorca».

A su parecer, es «muy negativa» para el cambio climático e implica la «destrucción» de muchos núcleos, como Son Sardina, Son Anglada, Establiments o Sant Jordi.

La concentración se ha celebrado coincidiendo con el pleno municipal, al que han asistido los vecinos. Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma han intervenido en la sesión plenaria para solicitar la retirada de varios puntos que se llevan a votación para recalificar solares.

En concreto, han reclamado que no se posibilite la urbanización de áreas de transición si no se han agotado los suelos urbanos y los urbanizables. «¿Han valorado los efectos o solo las bondades para los negocios?», ha preguntado una representante de la Federación.

En este sentido, ha advertido del «riesgo» de que esta medida pueda generar una burbuja inmobiliaria. Los vecinos han apostado antes por «incidir» sobre los 15.000 pisos de alquiler turístico ilegal, una cuestión que, han lamentado, «no se consigue con dos inspectores».

En esta línea se han pronunciado desde la Asociación de Vecinos de Son Rapinya, que también han intervenido en el pleno para solicitar la revocación de la cesión de dos solares del barrio y que se haga un proceso «transparente y participativo». Han lamentado que es un barrio rodeado de bosque que se ve «constantemente amenazado» por «el afán urbanizador».

Decenas de personas han llenado el pleno municipal, en el que también han participado representantes de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Mallorca para protestar igualmente contra la ley de obtención de suelo. Según han criticado, el Ayuntamiento «está dispuesto a regalar» el suelo público «en beneficio» de empresas privadas, constructores, promotores e inmobiliarias, «dejando de lado una vez más a la mayoría de la población de Palma».

No obstante desde el gobierno municipal del PP ya se ha manifestado en reiteradas ocasiones que lo prioritario es el desarrollo urbanístico en suelos urbanos y urbanizables y que hacerlo en las áreas de transición es una posibilidad muy remota aunque el nuevo marco legal lo ampare.

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado en este sentido, con los votos de PP y Vox, el cambio de uso de siete solares, previstos para equipamientos públicos, para destinarlos a la construcción de viviendas a precio limitado.

El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha subrayado en el pleno que el equipo de gobierno «hace lo que dijo que iba a hacer» con la primera fase del plan de choque y que ahora da inicio a la segunda, recoge la agencia Europa Press.

En concreto, ha expuesto, la recalificación de estos suelos permitirá poner a disposición vivienda a precio limitado conjuntamente con la construcción de equipamientos en varias parcelas.

«No regalamos ningún suelo a ningún promotor», ha defendido el regidor, agregando que los solares se cederán a empresas privadas para construir viviendas durante 75 años. Ante las críticas de las asociaciones de vecinos, que en el inicio del pleno han pedido la retirada de los puntos del orden del día, Fidalgo ha asegurado que «habrá participación ciudadana» y que se contará «con el beneplácito de los vecinos».

Los grupos de la izquierda, que también han exigido la retirada de los puntos, ha acusado al equipo de gobierno de «beneficiar a promotores». «No han escuchado a los vecinos, gobiernan para unos pocos», ha criticado la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz.