Los colegios de Baleares abrirán fuera del horario lectivo para facilitar la conciliación familiar

El pleno del Parlament ha dado este martes luz verde a la ley de conciliación, que aspira a compatibilizar la vida personal y familiar y que incluye medidas para reforzar el derecho a la conciliación y para eliminar la discriminación retributiva. La norma ha salido adelante entre las críticas de la izquierda sobre los retrocesos experimentados durante la tramitación y la eliminación de conceptos como igualdad o corresponsabilidad.

En materia fiscal, la norma incluye exenciones y bonificaciones en las tasas y los precios públicos, así como deducciones en tributos propios y cedidos. En el ámbito educativo, destaca la flexibilización de los horarios de apertura desde la finalización de las actividades docentes durante los días lectivos, mientras que en materia social apuesta por la promoción de la creación de plazas 0-3 y el fomento de una red de centros de día y residenciales.

En el ámbito privado, la ley impulsará el teletrabajo y la creación de una bolsa de horas como medida de fomento de la conciliación laboral y de la productividad.

En el capítulo de medidas de ámbito público, se llevarán a cabo acciones dirigidas a favorecer la reincorporación de la mujer al trabajo después de la suspensión de contrato por nacimiento, adopción, guarda, acogida o cuidado de menor.

El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Saénz de San Pedro, ha defendido que la ley que este martes ha aprobado el Parlament «no es una ley más».

«Estamos ante un paso firme hacia una sociedad más justa, más moderna, más igualitaria, una herramienta real y eficaz para el bienestar familiar, el desarrollo personal y para mejorar la productividad laboral», ha reivindicado.

Para Sáenz de San Pedro, la norma es «necesaria, ambiciosa y profundamente social» y nace del compromiso del Govern con la ciudadanía y con las realidades cotidianas de los hogares, de las mujeres, de los hombres y también de las empresas.

El conseller ha pedido el apoyo a la norma y ha insistido en que la ley no es sólo del Govern: «Votemos por quienes cuidan. Votemos por los hijos que quieren ver más a sus padres. Votemos por los autónomos que no tienen relevo y que también tienen que conciliar. Votemos por quienes trabajan de noche para cuidar de día. Votemos por quienes no tienen una red de apoyo. Y también votemos por las empresas que se comprometan con el bienestar y también por los autónomos», ha concluido.

Jornada histórica con regusto amargo

En el debate de las enmiendas, el diputado no adscrito Agustí Buades, que ha estado especialmente interesado en la norma, ha calificado la jornada como «histórica», aunque con un regusto amargo. «Qué pena que no se haya aprobado por unanimidad. Pierden las familias», ha lamentado. También se ha mostrado sorprendido porque la izquierda haya apoyado alguna de sus enmiendas y no «otros partidos que se piensan que las familias son de un color o de otro». Las enmiendas de Buades han recibido el único apoyo de la diputada Idoia Ribas, que se ha desmarcado del resto de su grupo.

La diputada de Més per Menorca Joana Gomila ha lamentado que durante la tramitación, la norma haya ido empeorando respecto a la redacción original.

«Estamos en contra de este texto, no de una ley de conciliación», ha señalado, llamando la atención sobre la eliminación de conceptos como la corresponsabilidad o la perspectiva de género. Gomila ha acusado al PP de negociar sólo con Vox y de cambiar el texto «siguiendo los designios» de los de Santiago Abascal.

Por parte de Unidas Podemos, la diputada Cristina Gómez ha afeado que no se le haya aceptado ninguna enmienda. «Visto el resultado, me alegro», ha apuntado, calificando la ley como de ideológica y de «esconder» referencias a la igualdad. «Es un anticristo de la conciliación», ha añadido.

La diputada de Més per Mallorca Marta Carrió ha afirmado «estar acostumbrada» a que las leyes que pactan PP y Vox «vayan hacia atrás» y les ha acusado de «endulzar» un acuerdo de presupuestos para «hacer desaparecer diabólicas palabras como corresponsabilidad y discriminación de género».

Carrió ha calificado la norma como «papel mojado» y ha defendido una ley de conciliación que cuando se apruebe las familias «lo noten».

La portavoz adjunta del PP, Marga Duran, ha defendido el texto y la aprobación de una ley pionera en toda España, «con medidas eficaces y concretas que permiten la consecución de un derecho real». Durán ha agradecido el apoyo de Vox a la ley.

La ‘popular’ ha calificado como «ridículo» que la oposición trate de contar cuántas veces aparecen palabras como igualdad o corresponsabilidad. «No es una ley de igualdad, es una ley de conciliación», ha afirmado, criticando la «hipocresía» de la izquierda y su «falta de credibilidad». «Hay presupuestos, hay medidas concretas y hay visión de género», ha concluido. Para Duran, el texto sale mejorado de la tramitación parlamentaria.

Por parte del PSOE, la diputada Irantzu Fernández ha afeado igualmente que durante la tramitación hayan desaparecido conceptos como corresponsabilidad e igualdad. «Han borrado mucho», ha insistido.

La socialista también ha llamado la atención sobre la ausencia de partidas presupuestarias para impulsar las políticas de conciliación «mientras las familias hacen malabares».

«Ustedes se han quedado en el mi marido me ayuda en casa», ha señalado Fernández, reiterando que la corresponsabilidad es «un problema estructural, como la brecha laboral, como la violencia de género y como cualquier otro tipo de desigualdad que necesita políticas públicas que nivelen la balanza».

En su réplica, la ‘popular’ Marga Duran ha reprochado a la socialista que no se haya referido a las conversaciones entre José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, «en las que se trate a las mujeres peor que mercancía».

Fernández ha defendido que ante grabaciones como las conocidas, su partido «expulsa a la gente y siente vergüenza», mientras que el PP «defiende a violadores confesos», en relación al exedil Rodrigo de Santos.

Texto ideológico y contaminado

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha admitido que la ley tenía al principio problemas de enfoque y era «un texto ideológico contaminado por los dogmas de la izquierda, la perspectiva de género, la corresponsabilidad impuesta, la discriminación positiva, y el adoctrinamiento en los órganos de participación».

La diputada de Vox ha reivindicado que durante la tramitación parlamentaria, gracias a Vox, se ha conseguido «una ley ideológicamente neutra que defiende la familia y la verdadera conciliación. Para Cañadas, una de las principales de la ley era la «imposición» del concepto de corresponsabilidad.

Cabe recordar que Vox presentó una enmienda a la totalidad, cuestión que ha criticado su exdiputado Agustí Buades, que se ha preguntado si «era un juego para otras cosas». Buades ha acusado a sus excompañeros de apropiarse de dos de sus enmiendas.