Baleares y el Estado negocian el futuro de la derogación de la Ley de Memoria Democrática balear

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Baleares ha acordado iniciar negociaciones para resolver las discrepancias suscitadas en relación con la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares. Cabe recordar que el pasado 10 de marzo, el Parlament derogó con los votos de PP y Vox esta ley, aprobada por el Pacte en 2018.

El BOE ha publicado este jueves el acuerdo de la comisión alcanzado recientemente y en virtud del cual se designa un grupo de trabajo para proponer a la comisión la solución que proceda. El acuerdo ha sido comunicado al Tribunal Constitucional.

El Gobierno central avanzó hace unos días la intención de solicitar al Tribunal Constitucional (TC) la suspensión cautelar de la derogación de la ley.

El Ejecutivo central considera que la derogación de la normativa autonómica vulnera principios constitucionales esenciales y las obligaciones internacionales asumidas por España en materia de derechos humanos, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Para el Gobierno que preside Pedro Sánchez, la eliminación de este marco normativo supone un «menoscabo» del estatuto jurídico de las víctimas de la guerra civil española y la dictadura franquista.

El pleno del Parlament, con los votos del PP y de Vox, derogó el 10 de marzo la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares, que llevaba en vigor desde 2018.

Es la segunda vez que la iniciativa, impulsada por Vox, ha llegado al plenario de la Cámara autonómica. En la primera, los populares pactaron dar marcha atrás a cambio del apoyo de la izquierda para retirar unas enmiendas de los de Santiago Abascal introducidas por error en la ley de simplificación administrativa.

Después pasó un tiempo durante el cual la cuestión no estuvo sobre la mesa, hasta que el PP y Vox, en el marco de su acuerdo presupuestario para 2025, se comprometieron a reactivar la iniciativa.

La normativa, aprobada bajo el Govern de Francina Armengol, incluía cuestiones como la elaboración de un censo de elementos franquistas para proceder a su retirada o eliminación, el derecho a prohibir la exhibición de elementos o la celebración de actos y homenajes franquistas o la conservación de archivos y el derecho de acceso a los mismos.