La asociación de profesores Plis denuncia la trampa de la Ley de Educación balear para blindar el catalán

La asociación de profesores Plis. Educación, por favor, a raíz de las últimas noticias sobre la ponencia parlamentaria en la que se debate estos días la Ley de Educación balear denuncia el «enésimo engaño del PSOE a los ciudadanos y a una gran parte de sus votantes al declarar vehicular el castellano en la nueva ley educativa y al mismo tiempo dejar sin efecto esta vehicularidad».

Dice la asociación de profesores que al declarar el español como lengua vehicular «la ley sortearía el mandato del Tribunal Constitucional que así lo viene exigiendo pero al mismo tiempo dejaría en manos del Proyecto Lingüístico de Centro si se imparte o no alguna materia troncal (o análoga) en castellano, incumpliendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo».

El proyecto lingüístico de cada centro lo propone el director del centro y los aprueba el Consejo Escolar.

Según Plis, «se da la circunstancia de que la nueva ley educativa podría omitir la jurisprudencia del Supremo pero al mismo tiempo ser declarada constitucional puesto que los proyectos lingüísticos de centro contemplarían, al menos en teoría, el castellano como lengua vehicular, aunque, a la hora de verdad, podría traducirse en no impartir ninguna clase en castellano más allá de la asignatura de lengua y literatura castellana». «La vehicularidad del castellano se convertiría así en un flatus vocis», sentencia Plis.

Plis denuncia así el acuerdo en ponencia al que habrían llegado Més per Menorca y el PSOE  mediante el cual «todo quedaría exactamente igual que ahora». Añade que el único cambio sería puramente retórico: «Los proyectos lingüísticos de centro incluirían a partir de ahora el castellano como vehicular pero serían otros aspectos -exactamente igual que ahora- como la situación sociolingüística del entorno del centro educativo o la mayor o menor capacidad de los alumnos a expresarse en castellano los factores que finalmente configurarían el contenido de los proyectos lingüísticos de cada centro».

La asociación de profesores explica que «un estudiante de lengua materna castellana o con un dominio superior del castellano, al no dominar el catalán en la misma medida, se vería obligado a sufrir como hasta ahora un sistema de inmersión en catalán. Para nada se le garantizaría el mínimo del 25% de horas lectivas en castellano que ha fijado el Tribunal Supremo».

«La trampa del PSOE y Més per Menorca en comandita consistiría en abstenerse de fijar algún porcentaje o mínimo de horas o materias en la ley educativa para no constreñir al director y al consejo escolar a la hora de redactar y aprobar el proyecto lingüístico de su centro», dice Plis.

Plis advierte que «el Tribunal Supremo ha reiterado en varias ocasiones que cada autonomía debe fijar un mínimo de horas lectivas en castellano y catalán y que, a falta de voluntad de hacerlo por parte de la autonomía balear, seguiría rigiendo el mínimo de un 25% para cualquiera de las dos lenguas cooficiales. La trampa del PSOE seguiría desoyendo nuestro ordenamiento jurídico».

Finalmente, Plis dice que «se hará un flaco favor a los directores de centro, al dejarles desasistidos judicialmente, pues serán los únicos objetos de pleito contencioso o penal si no cumplen con la jurisprudencia, que obliga a impartir un mínimo del 25% del horario lectivo en castellano».