Policías y guardias civiles de Almería exigen un plan ante las previstas «llegadas masivas de inmigrantes»

Policías y guardias civiles de Almería, a través de los sindicatos Jupol y Jucil, han exigido al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, un protocolo claro y medidas de protección contra el coronavirus ante las previstas «llegadas masivas y constantes de inmigrantes», de las que ya ha advertido Frontex.

El sindicato de Policía Nacional Jupol y la Asociación Profesional de la Guardia Civil han exigido al ministro de Interior un protocolo de actuación y que se dote a los agentes «de los medios de protección adecuados ante la llegada de inmigrantes en pateras a Almería de contagiados de Covid-19».

Según señalan, es más necesario que nunca porque Frontex ya ha alertado de las previstas «llegadas masivas de inmigrantes». En un comunicado, Jupol y Jucil han indicado que la elaboración de un protocolo «eficaz y operativo enfocado a una correcta y adecuada recepción, detención y primera toma de contacto, traslado y custodia de los integrantes de patera» en el Centro de Atención Temporal de Inmigrantes (CATE) del puerto es una demanda antigua y una «necesidad» para garantizar la seguridad y salud.

«La situación actual es de extrema gravedad debido al drama de la inmigración, a lo que hay que añadir, además, los numerosos y cada vez más habituales positivos de coronavirus de las personas que llegan contagiadas en las pateras, los cuales comparten embarcación y luego celda con otros individuos durante la custodia en el CATE», han indicado.

Ambos colectivos han trasladado que, a la «urgencia sanitaria» se suma la «escasez» de EPI integrales, mascarillas FFP2 , o guantes de nitrilo, y han apuntado que hace un mes se produjo «el contagio de un agente de la Policía Nacional al estar expuesto durante su jornada laboral con las decenas de inmigrantes llegados en patera».

Han lamentado que, a pesar de haberse solicitado «por activa y por pasiva al Ministerio del Interior durante meses», este protocolo «no llega y deja en grave riesgo la salud de los agentes y de sus familias».