Prohens amplía por decreto de dos a cuatro años el plazo de los funcionarios para acreditar el catalán

El Govern que preside Marga Prohens amplía por decreto de dos a cuatro años el plazo de los funcionarios de Baleares para acreditar el catalán y lograr consolidar su plaza.

Para ello, el pleno del Parlament de este martes ha convalidado, con los votos a favor de PP y Vox, este decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes de Capitalidad de Palma e Ibiza, de Menorca Reserva de la Biosfera y de transporte interinsular de residuos de Formentera e Ibiza, aprobado en Consell de Govern el pasado 16 de mayo.

Unas medidas para evitar que el Ejecutivo tenga que despedir a unos 145 trabajadores públicos, la mayoría (123) de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia. Algo que no ha evitado el rechazo de los portavoces de las formaciones de izquierda como el socialista Marc Pons, que ha acusado a Ejecutivo del PP de «arrinconar el catalán en la sanidad pública».

El decreto ha sido convalidado con 29 votos a favor de PP, Vox, Llorenç Córdoba y Xisco Cardona, dos abstenciones de Agustín Buades e Idoia Ribas (Vox) y 22 votos en contra de PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos.

Los socialistas han solicitado que se tramitara como proyecto de ley pero no ha salido adelante. Para Pons, el problema no es la prórroga sino la eliminación de la remoción por el incumplimiento del nivel lo que, a su criterio, es la eliminación del requisito. «Instrumentalizan el catalán como elemento de confrontación», ha criticado.

En esta línea, el independentista mallorquín Lluís Apesteguia ha reprochado que «en todos los decretos del PP hay un ataque al catalán». «Es lo que les pide el cuerpo», ha ironizado. «Dejen de decir que responde a no echar a los trabajadores», ha criticado el diputado, quien ha considerado que lo que quiere el Govern es que haya funcionarios de carrera sin acreditar el catalán.

También el socialista ha criticado que «no hay norma que apruebe el Govern de Prohens que no esté contaminada por este mercadeo de derechos y obligaciones en el que cada día se dedican PP y Vox».

Por su parte, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido en el pleno el objetivo del decreto, que es «mejorar el trato financiero» de Palma, Ibiza y del Consell de Menorca. En este sentido, ha destacado que a partir de ahora habrá una reserva de crédito específica que permitirá concretar las aportaciones por ley de capitalidad y, por otro lado, ha puesto en valor que también se soluciona una «cuestión importante» como es el transporte de residuos entre Formentera e Ibiza.

En relación con la prorroga del requisito del catalán, Costa ha dicho que «no es un tema de lengua» sino que se amplía el plazo para «evitar despedir a 150 personas».

«Este Govern no despedirá a 130 trabajadores de la Fundación Atención a la Dependencia por una cuestión de un requisito lingüístico», ha defendido, agregando que fue el anterior Govern quien estabilizó a estos trabajadores sin requisito de catalán.

En este sentido se ha pronunciado el diputado de Vox, Sergio Rodríguez, quien ha preguntado a la oposición si «tienen las santas narices de mirar a la cara a uno de los más de 100 trabajadores que quieren echar a la calle porque no saben catalán».

«Les estamos dando un tiempo prudente para adaptarse», ha dicho, reconociendo que «tampoco de importaría» que no se les pidiera el requisito porque «las lenguas no ostentan derechos, los ostentan las personas».

La diputada del PP Cristina Gil, por su parte, ha defendido la figura del decreto ley señalando que las financiaciones que contempla son de urgente necesidad. «Nos encontramos tras años de incumplimiento», ha subrayado.

Según la popular, la financiación que establece el decreto dará continuidad a la apuesta del Ayuntamiento de Palma para garantizar unos servicios públicos esenciales que, ha criticado, «habían desaparecido por completo». Sobre la exigencia del catalán, Gil ha preguntado a la izquierda si «prefiere que se despida» a los trabajadores públicos. «Lo único que se hace es ampliar un plazo», ha remarcado.