El ‘pelotazo’ inmobiliario que acabó en fraude: compra seis fincas por 138.000 euros, las vende por 6 millones y ‘olvida’ pagar a Hacienda

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares abre sus puertas este martes para juzgar un auténtico ‘pelotazo’ inmobiliario que tuvo lugar en el año 2018. En el banquillo de los acusados se sienta un hombre que presuntamente ocultó y no tributó a Hacienda las enormes ganancias obtenidas tras una gran operación de compraventa de hasta seis fincas. En total, el procesado consiguió defraudar más de un millón de euros.

Los hechos se remontan a diciembre de 2018, cuando el acusado formalizó ante notario la venta de un paquete de seis parcelas en representación de su sociedad. La empresa había comprado originalmente estos terrenos en el año 1995 por un precio que hoy equivaldría a algo más de 138.000 euros. Sin embargo, la venta a una fundación se cerró finalmente por un precio total de seis millones de euros, lo que supuso una enorme ganancia de valor.

El cobro de la venta se estructuró en varias fases. En primer lugar, se contabilizó un adelanto de 100.000 euros que ya se había satisfecho años antes como opción de compra. Por otro lado, algo más de 3,07 millones de euros se quedaron retenidos para saldar directamente un crédito hipotecario pendiente con su principal y los intereses calculados. Finalmente, el saldo restante de 2,82 millones de euros se abonó mediante un cheque bancario emitido de forma directa a nombre de la empresa vendedora.

A pesar de embolsarse estas cantidades millonarias, y de que el empresario utilizó parte de esos fondos de inmediato entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 para comprar nuevos inmuebles, nunca presentó la declaración fiscal correspondiente a las ganancias de ese año.

Cuando los inspectores de la Agencia Tributaria revisaron las cuentas, descontaron los gastos justificados y las pérdidas declaradas de años anteriores, descubriendo que la cantidad neta defraudada era de más de 1,35 millones de euros, una suma que el acusado nunca llegó a ingresar ni a regularizar.

La Fiscalía considera estos hechos un delito contra la Hacienda Pública y pide castigar con dureza tanto a la persona física como a la compañía. Las penas solicitadas son las siguientes:

• Para el administrador: 4 años de prisión, inhabilitación para el derecho a sufragio durante la condena, una multa que triplica el dinero defraudado (4.052.036,52 euros) con 6 meses de cárcel extra si no la abona, y la prohibición de recibir ayudas públicas o ventajas fiscales durante 5 años.

• Para la empresa: Una sanción económica que dobla lo dejado de ingresar (2.701.357,68 euros), junto a 5 años sin poder solicitar subvenciones ni beneficios de las administraciones públicas.

Además de estas sanciones, la acusación reclama que tanto el empresario como su sociedad devuelvan de forma conjunta a la Hacienda Pública el total de los 1.350.678,84 euros defraudados, sumando los correspondientes intereses de demora.