El Ayuntamiento de Palma abandona Corea a su suerte: la Policía no admite denuncias en sus oficinas

Noches sin poder dormir, hogueras, botellones, okupas día sí, día no, peleas, tráfico de drogas y sin política alguna de seguridad ciudadana por parte de un Ayuntamiento de Palma que parece haber abandonado a su suerte a las 500 familias del barrio de Corea. 

Y lo ha hecho literalmente, tal y como vienen denunciando los vecinos, desmantelando año a año una gran parte de los servicios municipales de los que allí disponía el millar y medio de residentes en unas fincas en avanzado estado de deterioro. 

La oficina municipal de la Policía Local, de hecho, ya no admite ni tan siquiera denuncias de los vecinos. Los agentes les remiten al cuartel central de Sant Ferran, a tres kilómetros de un barrio con una población donde la tercera edad es amplia mayoría.

Las dependencias policiales se han convertido, exclusivamente, en un punto de intercambio de vehículos entre agentes para su desplazamiento a otros enclaves de la ciudad, aunque también son utilizadas como centro de reuniones concertadas con representantes de entidades vecinales. Nada más. De peleas, okupas, escándalos nocturnos y demás los agentes no quieren saber nada, pese a que allí hay administraciones públicas, como Govern y Ayuntamiento de Palma que disponen de 32 viviendas, muchas de ellas ocupadas en edificios degradados, que no han pasado ni la Inspección Técnica de Edificios (ITE) por su avanzado deterioro. 

No sólo eso. Esta misma semana, el Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) lamentó los continuos retrasos del Consistorio palmesano para afrontar los pagos de la comunidad de propietarios en estas viviendas sociales con el lógico perjuicio para el resto del vecindario.

«El Ayuntamiento tiene un bloque con hasta nueve viviendas en propiedad, que representan casi el 50% de las viviendas del edificio, con lo que eso supone para el resto de propietarios, que pagan cada mes la comunidad», criticó la portavoz de la formación naranja, Eva Pomar. Por ello exigió al Consistorio el desembolso de los intereses de demora en las facturas atrasadas de la comunidad a la que tienen que hacer frente los vecinos.

Otro ejemplo de la falta de implicación del Consistorio lo tenemos en las dependencias contiguas a las oficinas de la Policía Local, el Mercado Municipal de Camp Redó. El gobierno municipal lo cerró la pasada legislatura para una reforma que ni tan siquiera está ahora planeada. 

Lleva clausurado desde entonces y por ahora no hay proyecto ni plan alguno, para reabrir esta instalación. La misma suerte han corrido otros espacios del mismo edificio. Es el caso de la oficina Plan Urban para la puesta en marcha de iniciativas para la rehabilitación de la zona, ubicada en la tercera planta  y cerrada ya: ni hay plan ni se le espera. Unas dependencias que este año solo han servido para que el concejal de Participación Ciudadana de Unidas Podemos, Alberto Jarabo, realice el casting para seleccionar a sus pajes reales para la noche mágica del 5 de enero. 

Desde el gobierno municipal la concejala de Seguridad Ciudadana, la socialista Joana Maria Adrover, aseguró en el último pleno municipal que existe una instrucción de servicio para aumentar la vigilancia e indicó que la Policía Local ha participado como refuerzo en más de 20 desahucios en el barrio en lo que llevamos de año.  A su juicio, en dos años ha habido 31 detenidos en operaciones policiales realizadas en estas viviendas de Corea.

«Hemos puesto en marcha política de seguridad, de convivencia y reactivado la policía de barrio con cuatro reuniones en lo que llevamos de año», aseguró la edil, dibujando un panorama muy alejado del que padecen los vecinos. Como subrayó en esa sesión del pleno el concejal de Vox y diputado, Sergio Rodríguez, «el barrio no está perdido, porque está rodeado de zonas emergentes, pero se trata de hacer un sobreesfuerzo y eso es una cuestión de voluntad».