Las Comunidades Autónomas se están transformando en espacios que hace décadas ni hubiéramos imaginado. Las ciudades y los municipios de las diferentes regiones españolas caminan hacia la conformación de escenarios verdes, respetuosos con el medio ambiente, cada vez más sostenibles, transparentes y eficientes. Todo ello, además, debe ser capitaneado con criterios de buena gobernanza, ya que, al fin y al cabo, los cambios socioeconómicos que se aplican en las diferentes comunidades parten de gobernantes con planes de sostenibilidad ambiciosos y de futuro.

Planes que, no lo olvidemos, a menudo han salido de mentes valientes, con ideas tildadas de quimeras imposibles de materializar. Recordemos, por ejemplo, las grandes críticas al conocido como Plan Haussmann en París a mediados del S. XIX, encargado por Napoleón III. Una remodelación urbanística que trasformó radicalmente la urbe, al modernizar las infraestructuras, abrir grandes avenidas y embellecerla desde el punto de vista estético, con arquitecturas domésticas e institucionales bellísimas y muy eficientes para la época. Una nueva organización que hoy en día sigue vigente y que tuvo un coste importante para la ciudad francesa, alrededor de 2.500 millones de francos de la época, que fueron financiados por entidades bancarias, como la Caisse des Travaux o Caja de Obras.

En la actualidad, más allá de este plan urbanístico decimonónico galo, la mutación de los espacios públicos está en manos de las Administraciones Públicas, que son quienes deben hacer las inversiones necesarias para integrar en sus estrategias de sostenibilidad criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG). Planes de acción que incluyen, entre otros aspectos, políticas de compras verdes, gestión eficiente de recursos, movilidad sostenible o conservación del medio ambiente; así como proyectos sociales como infraestructuras básicas asequibles; el acceso a servicios esenciales, como la educación, la vivienda social, la generación de empleo o la mejora y el empoderamiento económico de los ciudadanos.

Una renovación que, al igual que la evolución del París desde el medievo a una moderna ciudad cosmopolita, va más allá de la propia estética. Se trata de conformar las ciudades y las regiones en entes más habitables, deseados, inclusivos y sostenibles. Y esta metamorfosis, por supuesto, requiere de gran financiación por parte de las Administraciones Públicas y un potente desembolso que ellas no pueden hacer por sí solas, razón por la que buscar la alianza con grandes entidades financieras se convierte en algo esencial. Porque éstas no sólo actúan como financiadoras, sino también como asesoras y colocadoras en las emisiones de deuda, afianzando así su papel de socio estratégico.

En esta línea, Banco Santander ofrece diferentes soluciones de financiación pensadas para acompañar a los gobiernos regionales en sus hojas de ruta: desde préstamos bilaterales etiquetados como sostenibles hasta participación en emisiones de bonos verdes y sociales. De hecho, en los dos últimos ejercicios la entidad ha formalizado más de 2.000 millones de euros de financiaciones calificadas como sostenibles con muchas instituciones, como con la Comunidad de Madrid, la Xunta de Galicia, la Junta de Andalucía o el gobierno del País Vasco, con el fin de que cada una de ellas llevara a cabo mejoras tangibles en sus regiones.

El responsable de Instituciones de Santander España, Angel Valdovinos, afirma que «uno de los principales objetivos de Banco Santander es dar apoyo a las distintas administraciones en todos sus niveles para que tengan cubiertas sus necesidades financieras».

La financiación sostenible y su impacto

Energía Solar. @Istock

La financiación sostenible es un mecanismo importantísimo para los países desarrollados, ya que tiene un impacto social que va más allá de los recursos financieros y económicos. Es una palanca con poder a la hora de facilitar el desarrollo de nuevas ideas y talentos, atraer inversiones que mejoren la vida de las personas, ya sea a través de capital público o privado, impulsar proyectos educativos, sociales o de vivienda, proyectos de energías limpias, etc. La financiación sostenible es, en definitiva, tan amplia que cambia la vida de las sociedades en su conjunto.

En España, los planes de sostenibilidad autonómicos están en marcha, ya no son ilusiones o fantasías imaginarias. Son estrategias tangibles llenas de grandes proyectos en materia de economía circular, la gestión sostenible de los recursos naturales o la promoción de la movilidad sostenible, en la Comunidad de Madrid, una de las más pobladas de nuestro país, Andalucía o Canarias, entre otras.

Colaboración público-privada

El transporte público en las ciudades. @Istock

Estos programas autonómicos están siendo desarrollados gracias a la necesaria colaboración público-privado entre las Administraciones Públicas y la banca, dos agentes sociales imprescindibles a la hora impulsar el futuro de las personas.

Dos socios que, juntos, están instalando, por ejemplo, proyectos de placas solares en instituciones públicas y colegios, construyendo una red de autobuses cero contaminantes o una digitalización que ahorra importantes costes a las Administraciones y los ciudadanos. Sin olvidar, además, la acción en una de las áreas más valoradas por la sociedad: la sanidad.

Desde las Comunidades Autónomas españolas hay planes muy importantes en materia de sostenibilidad aplicada a la construcción de nuevos centros de salud, hospitales, residencias para mayores y equipamientos deportivos. También, a la mejora de la habitabilidad de los barrios, en los que se crean zonas verdes y edificios adaptados al cambio climático y la movilidad sostenible. Por ejemplo, con la promoción de fincas con cargadores eléctricos o ayudas a la transformación de las azoteas, como el nuevo Plan de Azoteas Verdes del Ayuntamiento de Madrid.

El valor del compromiso

Banco Santander está comprometido con la sostenibilidad, tanto de manera interna, como con sus clientes, a los cuales apoya en su transición verde. La entidad, además, es neutra en carbono en su operativa interna desde 2020.

La entidad es también uno de los líderes mundiales en financiación sostenible; desde 2019 ha desembolsado o facilitado 139.400 millones en financiación verde y tiene el compromiso de alcanzar los 220.000 para 2030. Al cierre del pasado ejercicio alcanzó los 88.800 millones de euros de activos bajo gestión de inversiones socialmente responsables y mantiene el objetivo de alcanzar los 100.000 millones de euros para 2025.