El acceso a una vivienda digna está en la hoja de ruta de la mayor parte de los gobiernos del mundo, sin embargo, no siempre la teoría y los buenos deseos están alineados con la realidad. Para paliar la exclusión, a pesar de la permanente interconectividad que brinda la globalización, es necesaria la colaboración público-privada a la hora de diseñar políticas de acceso a la vivienda. Los gobiernos no están solos, por ello, deben ser conscientes de que deben promover entornos saludables que hagan posible que las compañías prosperen y haya una riqueza que riegue las finanzas de todas las capas sociales.

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de Naciones Unidas (ONU) contempla que toda persona tiene derecho a una vivienda. Es más, para la organización internacional es una prioridad el garantizar una vivienda sostenible para todas las personas y, por ello, se han propuesto, y así lo recoge en uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la creación de Ciudades y Comunidades Sostenibles para el año 2030.

Sin embargo, la globalización, el aumento del precio de la vivienda, tanto la opción de compra como de alquiler, así como la capacidad de endeudamiento de las familias son obstáculos para que muchas personas encuentren un lugar en el que vivir. En España, por ejemplo, según el último estudio de Fotocasa, el precio de la vivienda en alquiler bajó un 0,5% en agosto en su variación mensual, sin embargo, subió un 7,7% desde el punto de vista interanual. Es decir, el precio sigue subiendo, aunque a “un ritmo más contenido”, según Beatriz Toribio, jefa de Estudios del portal inmobiliario.

Aumento de la población: 9.700 millones de personas hasta 2050

Pero, además, a esta problemática debemos sumar el aumento de la población –que se prevé que llegue a los 9.700 millones de personas desde hoy hasta 2050, según el informe anual de la ONU sobre población–, así como la gentrificación, el término anglosajón que alude a la renovación de algunos barrios deprimidos o en mal estado, incluso olvidados del centro de la ciudad, al que comienzan a llegar población y negocios nuevos. Un fenómeno que, aunque está renovando zonas con ‘mala prensa’, también está elevando –irremediablemente– los precios inmobiliarios.

En la Nueva Agenda Urbana (NAU), un acuerdo que surgió en el seno de la organización internacional en 2016 (Habitat III), los líderes de los principales países del mundo cerraron el compromiso de trabajar por dar servicios básicos a sus ciudadanos, entre los que, obviamente, figura el acceso a la vivienda, la cultura o las tecnologías de la comunicación, entre otras.

El trabajo desde el entorno privado

Desde el ámbito privado también hay varias iniciativas que ayudan a la población a tener un techo digno bajo el que vivir y desarrollarse. Banco Santander, por ejemplo, fue la primera gran entidad financiera que se adhirió al código de buenas prácticas bancarias en marzo de 2012 y, desde entonces, ha ayudado a las familias con problemas financieros a hacer frente al pago de su vivienda.

En cifras, desde 2011, según el Informe Anual de la entidad, ésta ha ayudado a más de 140.000 familias con problemas financieros con una batería de medidas específicas como la suspensión del desalojo a 9.362 familias, sin ningún desalojo desde noviembre de 2012, las daciones en pago para 13.760 familias o más de 134.100 refinanciaciones y restructuraciones a 112.300 familias y 21.800 empresas.

Además, para facilitar el acceso a una vivienda, Banco Santander ha aportado 1.000 viviendas al Fondo Social de Viviendas, de las que 963 están en alquiler. Y también tiene en alquiler social otras 568 viviendas con condiciones más asequibles para familias en situación de vulnerabilidad.

Más allá de España

Más allá de las medidas aplicadas en España, Banco Santander, a través de la unidad de Financiación para Nuestro Desarrollo Comunitario concede en EEUU (2017-2021) préstamos a proyectos en beneficio de personas y comunidades de rentas medias y bajas, principalmente mediante proyectos de vivienda asequible en los que los inquilinos pagan alquileres por debajo de los precios de mercado y muchas viviendas están destinadas a personas con necesidades específicas.

De hecho, según el informe ‘Empoderamiento Financiero 2018’ de la entidad, Banco Santander se ha marcado el objetivo de empoderar en términos financieros a 10 millones de personas entre 2019 y 2025, dando acceso a productos y servicios personalizados y mejorando la resiliencia financiera a través de la educación.

Santander y la Fundación Vivienda Provivah

Otro de los programas de Banco Santander para mitigar la exclusión social y garantizar el acceso a la vivienda es la colaboración en la construcción inmobiliaria que la entidad financiera en México mantiene con la Fundación Vivienda Provivah, una organización reconocida por su tarea de apoyo a la vivienda para familias que viven bajo el umbral de la pobreza afectadas, además, por desastres naturales.

De hecho, según el informe ‘Inversión en la comunidad2018’, sólo en el citado año, Santander ha ayudado a reconstruir más de 500 viviendas y aulas escolares, en beneficio de casi 6.000 damnificados por los terremotos de septiembre de 2017 en varios puntos del país azteca a través de sus programas Cuenta Ayuda 100 y la colecta que hace a través de los cajeros en colaboración con Reforestamos, una asociación que impulsa el desarrollo sostenible. Dos programas que, según ha reconocido la entidad española, han permitido hacer crecer el fortalecimiento del tejido social al promover un mejor uso de los recursos naturales con el fin de generar empleo.

Reinvención arquitectónica para garantizar el acceso a la vivienda

Además de la ayuda financiera, organismos públicos y entidades privadas trabajan en una nueva arquitectura que ayude a asegurar el acceso a una vivienda digna. En Barcelona no han sido pioneros, sin embargo, han mirado a Copenhague o Ámsterdam, dos de las ciudades más sostenibles del Viejo Continente, a la hora de poner en marcha soluciones arquitectónicas para que familias en situación de vulnerabilidad tenga garantizado el acceso a una vivienda.

El Ayuntamiento de la Ciudad Condal ha licitado un proyecto de alojamientos de proximidad provisional (Aprop) con el que pretende crear 94 viviendas prefabricadas con contenedores marítimos –nuevos o reciclados– que tendrán una renta asequible inferior a los 250 euros. Las futuras viviendas tendrán una superficie que oscilará entre los 26 y los 53 metros cuadrados de superficie. Serán individuales y dobles y albergarán a todo tipo de familias que estén inscritas en el registro de solicitantes de viviendas de Barcelona, que en estos momentos asciende a más de 71.000 personas de convivencia.

No obstante, en España los contenedores reconvertidos en viviendas ya se fabrican desde hace años por parte de Custom House, una firma que construye módulos habitacionales que poseen una durabilidad de 100 años y que bajan los precios de la vivienda, según afirman, hasta un 60%, ya que rondan los 37.000 euros.

En Ámsterdam, el barrio de Keetwonen está lleno de estructuras recicladas –contenedores marítimos, tanques de agua o vagones de tren– a los que se les ha dado una segunda vida, pero no con un fin industrial, sino con un fin social porque se han reconvertido en viviendas a precios asequibles. El proyecto comenzó en 2005 y fue llevado a cabo por la compañía constructora Tempohousing. Desde entonces, ha llevado sus viviendas alrededor del mundo y ha tenido una especial acogida en la ciudad holandesa.

El mundo, en definitiva, debería ser un gran proyecto en el que nadie debería quedarse fuera. Construir un futuro sostenible y justo es responsabilidad de todos.

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