Impactar de manera positiva en la sociedad a través de la inversión social es una prioridad dentro los planes estratégicos tanto del sector público como del sector privado. No solo porque es una inversión orientada a la producción de beneficios económicos dentro de las organizaciones, sino porque, además, también está orientada a la obtención de rendimientos sociales, ya que los principales beneficiarios son personas vulnerables con necesidades urgentes. Un fenómeno destinado a financiar proyectos con visión ética que, además, está en alza desde hace varios años y se ha visto más en auge debido a la pandemia del COVID-19 y las importantes necesidades que han despertado en la sociedad.

Acciones destinadas a que nadie, ningún colectivo desfavorecido, se quede atrás con respecto al resto de ciudadanos y pueda progresar, así como superar las dificultades –tal y como ha demostrado la pandemia– que puedan aparecer para que, entre otros aspectos, haya una inclusión plena y/o reciban todos lo cuidados y atenciones necesarias tanto físicas como psíquicas.

Fundació Estimia: seguir dando el mejor servicio y atención a las personas con discapacidad

En esta línea, por ejemplo, trabaja la Fundació Estimia, una organización sin ánimo de lucro con más de 60 años de historia cuyo objetivo es facilitar el desarrollo de las personas con discapacidad acompañándolas en todo momento, tanto a ellas como a sus familias, en los principales procesos vitales. Marc Enrich Capilla, su gerente, explica que atienden todas las etapas de la vida de los usuarios con algún tipo de discapacidad a través de diversos servicios: Escuela de Educación Especial, Centro Ocupacional, Taller Servicio de Atención Residencial.

“En este momento, entre todos los servicios, tenemos una plantilla de 100 profesionales que atienden a un total de 180 personas”, apunta. Es decir, subrayan desde la Fundació Estimia, “el ratio de profesionales por usuarios es muy alto” porque, defiende Capilla, solo así se posee la capacidad de caminar en todo momento al lado de las personas en los “escenarios más complicados, tal y como hemos visto durante la pandemia”. Con respecto a la crisis sanitaria del COVID-19, Capilla muestra su agradecimiento a todos los “excelentes profesionales” que se han volcado en los momentos más difíciles “porque los colectivos vulnerables con los que trabajábamos tenían que seguir siendo atendidos y progresando”.

Y apunta con orgullo que los empleados de Fundació Estimia “son personas que trabajan para las personas”. Por ello, apostilla, “si quieres que los usuarios salgan adelante, se desarrollen y estén adecuadamente atendidos debes remunerar bien el trabajo que desempeñan los grandes profesionales con los que contamos, independientemente de la labor de los voluntarios”. Con respecto a esto, Capilla explica que “el 85% de la financiación procede directa e indirectamente de las Administraciones Públicas a través de conciertos y el 90% de ella está destinada a los salarios de los grandes profesionales que tenemos en plantilla”.

Por esta razón, resalta el gerente de la Fundació Estimia, “para entes como el nuestro juega un papel muy importante la inversión social de las compañías privadas como las que lleva a cabo Fundación Banco Santander con el Programa Santander Ayuda porque nos permite llevar a cabo proyectos en el seno de la organización como, por ejemplo, de innovación, tecnológicos o, sencillamente, destinar más recursos a la atención durante la pandemia, que nos dan un valor añadido. Eso es precisamente lo que buscamos: seguir dando el mejor servicio a las personas”.

Santander Ayuda: dos millones de euros en cinco años para 400 proyectos

En 2015 Banco Santander, junto a la Fundación Banco Santander, creó el Programa Santander Ayuda. Una iniciativa que nació precisamente con el fin de colaborar con organizaciones sin ánimo de lucro en España que trabajan a nivel local por el bienestar de los grupos más desfavorecidos, vulnerables y en riesgo de exclusión social como la Fundació Estimia.

Concretamente, Santander Ayuda lanza cuatro convocatorias anuales que seleccionan hasta 20 proyectos en cada una de ellas, entre los cuales se reparten un total de 100.000 euros. La última edición, que es la vigésima desde que se puso en marcha y cuya convocatoria se lanzó el pasado 14 de diciembre se centra en“Pobreza y exclusión social”.

Las organizaciones que quieran participar pueden solicitar hasta un máximo de 5.000 euros para la puesta en marcha de su proyecto. No obstante, y debido a la situación actual de crisis sanitaria, se priorizarán aquellos proyectos que estén orientados a paliar los efectos de la pandemia del COVID-19 en los colectivos vulnerables dentro de los diferentes ámbitos de actuación y tengan repercusión en comunidades concretas.