Crisis del coronavirus

Illa admitió ante la UE 2 días antes del 8-M un «riesgo serio y preocupante» por el avance del coronavirus

El 6 de marzo en la sesión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, el ministro reconoce que "la situación es preocupante y entraña un riesgo serio, no debemos subestimarlo"

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Carlos Cuesta

El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias asegura ahora que desconocía la gravedad del avance del coronavirus en España antes del 8-M. Pero el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su reunión ante la UE el 6 de marzo reconoció literalmente esas expresiones:

«La situación es preocupante y entraña un riesgo serio, no debemos subestimarlo», tal y como revela el vídeo que hoy publica OKDIARIO. Dos días después era él mismo quien lo subestimaba y su Gobierno permitía todas las manifestaciones feministas radicales.

Aquel 6 marzo de 2020 se celebró la sesión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores. El tema central por esas fechas ya era la COVID-19 porque, evidentemente, todos los países contaban con alertas más que de sobra para temer el avance del virus.

El ministro Salvador Illa intervino en el transcurso de la reunión. No comentó ninguna dificultad excepcional por parte de España. Y ello pese a que por esas fechas, y tal y como ha argumentado el propio equipo jurídico del Estado en las reclamaciones judiciales de los policías por la falta de material de protección, ya contaban con escasez y fuertes dificultades para comprar mascarillas, guantes, tests, etc.

Illa habló de la toma de decisiones basada en criterios técnicos y en la evidencia científica, mencionó la necesidad de contar con seguimientos de alerta, planteó la coordinación con las comunidades autónomas porque tienen transferidas las competencias en materia de Sanidad, y alardeó, por último de la transparencia informativa.

Situación real de alerta

En un determinado momento de su intervención, Salvador Illa no tuvo problema en reconocer la situación real de alerta que vislumbraba el Gobierno de España por esas fechas. Porque «la situación es preocupante y entraña un riesgo serio, no debemos subestimarlo», añadió.

Porque efectivamente era así. El único problema es que dos días después su Gobierno permitía sin miramientos ni condiciones las manifestaciones feministas radicales en toda España. Sólo en Madrid se celebraron 76.
La cronología de las alertas, de hecho, es difícil de sortear por parte del Gobierno. Porque desde enero no dejaron de recibir advertencias de la gravedad del virus.

Demasiado pronto

Así, el 23 de enero de 2020, las reuniones del Comité de Emergencia RSI de la Organización Mundial de la Salud (OMS) abrieron fuego en la carrera por alertar severamente de la COVID-19. Las actas de ese día en la OMS señalan que no se declaró ya en aquel momento la ESPII (emergencia de salud pública de importancia internacional) debido a que «varios miembros del Comité argumentaron que, debido a las limitaciones y la falta de matices del sistema actual relativo a las ESPII, es demasiado pronto para declarar este tipo de emergencia».

Se instó, pese a ello, a celebrar otra reunión en los 10 días posteriores para volver a valorar la posibilidad de declarar la ESPII.

El 30 de enero de 2020 el director general de la OMS declaró ya que el brote de COVID-19 constituía una ESPII. Además se remarcó a los distintos países la necesidad de promover medidas de distanciamiento social: «Es posible interrumpir la propagación del virus, si los países aplican medidas sólidas para detectar pronto la enfermedad, aislar y tratar los casos, hacer seguimiento de los contactos y promover medidas de distanciamiento físico en las relaciones sociales que estén en consonancia con el riesgo».

España, por lo visto, prefirió hacer como que no había oído esa exigencia de distancia social: prefirió seguir adelante como si nada y permitir más de un mes después las manifestaciones y todo tipo de actos.

Medidas de contención

La OMS aconsejó, además, a todos los países que se prepararan para adoptar medidas de contención, como la vigilancia activa, la detección temprana, el aislamiento y el manejo de los casos, el seguimiento de contactos y la prevención de la propagación.

El 10 de febrero de 2020 el Informe Técnico CCAES que dirige Fernando Simón, con el título ‘Nuevo Coronavirus 2019-nCoV’, detalló cinco aspectos: la peligrosidad de la COVID-19;  la alerta frente a la transmisión de secreciones de personas infectadas, y al contacto directo con gotas respiratorias capaces de trasmitirse hasta 2 metros; se alertó de la Alta Transmisión Intrahospitalaria; se plantearon medidas de prevención individual -aislamiento de gotas (por medio de mascarillas). Y, sólo por poner otro ejemplo, se planteó la actuación en los puntos de entrada de la enfermedad planteando las recomendaciones de la OMS, centradas en los vuelos directos procedentes de zonas afectadas.

Los días 18 y 19 de febrero de 2020 se celebraron las reuniones de la agencia ECDC de la UE, con asistencia de Fernando Simón. Las actas de la reunión reflejaron la preocupación de Fernando Simón por el riesgo de importación de la enfermedad y por la forma de abordar los contagios en grupos secundarios, dado que el rastreo de contactos y casos posibles era en ese momento una carga mayor para el sistema de salud pública.

El 4 de marzo de 2020, en otra reunión de la ECDC, también con asistencia de Fernando Simón, el acta del encuentro indica que se pide a los países que los test formen parte de la estrategia general de combate al brote; se notifican más casos sin ningún vínculo con los países previamente afectadas, y se alerta de que el virus está en la UE. Allí se pide igualmente a los países que se doten de material y se considera el riesgo ya de «moderado a alto» o «alto».

Y el 6 de marzo, por fin, en la sesión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, el ministro Salvador Illa admite que «la situación es preocupante y entraña un riesgo serio, no debemos subestimarlo».

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