Condenan al opositor venezolano Leopoldo López sin pruebas

Leopoldo-López
Leopoldo López, el día en que se entregó a la policía chavista (Foto: Getty)

Se han cumplido los augurios más pesimistas de numerosos analistas venezolanos e internacionales, que desconfiaban de la independencia del poder judicial bolivariano y de la juez Barreiros en particular. El preso político Leopoldo López, líder del partido socialdemócrata Voluntad Popular, ha sido condenado a 13 años, ocho meses y siete de prisión en una cárcel militar. A tres estudiantes se les ha impuesto diferentes condenas en el mismo juicio.  Decenas de políticos opositores y activistas estudiantiles siguen en los presidios chavistas, muchos de ellos a la espera de juicio.

Como parte de la oleada represiva de las manifestaciones estudiantiles, a las que se sumaron otros sectores de la sociedad, de febrero de 2014, la Fiscalía General de la República dictó orden de detención contra Leopoldo López. Se le acusaba de «instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir”.

El régimen de Maduro desviaba de esta manera la responsabilidad de la violenta represión de las protestas por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, que por aquel entonces ya se había cobrado un estudiante muerto. López había convocado una protesta pacífica que no fue autorizada, violando la propia Constitución chavista, por las autoridades del Municipio Libertador de Caracas.

López estaba en el punto de mira chavista desde mucho antes. Víctima de una estrategia habitual del régimen bolivariano con los dirigentes opositores, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos en 2008. En aquel momento tenía planeado presentarse a la alcaldía de Caracas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia a favor del opositor, pero el fallo no fue aceptado por el Ejecutivo. La postura del régimen fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia, cuya independencia está puesta de duda por la oposición y los analistas internacionales.

El dirigente opositor se entregó de forma voluntaria el 14 de febrero de 2014, con la esperanza de un proceso rápido que terminara con su liberación. Su mujer, Lilian Tintori, mantiene en marcha desde entonces una campaña internacional para pedir su liberación y la de otros presos políticos. En 2015 trabaja junto con Mitzy Capriles, esposa del también preso político Antonio Ledezma (del socialdemócrata Alianza Bravo Pueblo), Alcalde de Caracas detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en 2015.

El juicio de Leopoldo López ha estado plagado de irregularidades. Destaca que la jueza no permitiera que la defensa del opositor encarcelado presentara pruebas a su favor.

Una jueza chavista

Desde la llegada al poder de Hugo Chávez comenzó a desmantelarse la independencia del poder judicial. Se apartó del mismo a la mayor parte de los jueces en ejercicio, que fueron sustituidos por personas cercanas al Gobierno. La jueza que ha condenado a López es un buen ejemplo de ello.

Susana Barreiros es una abogada que fue nombrada con “provisionalidad” jueza del Área Metropolitana de Caracas en sustitución de María Lourdes Afiuni, que estuvo en prisión de diciembre de 2009 a junio de 2013 tras haber decretado libertad condicional para el empresario Eligio Cedeño. En esos años, la liberación de Afiuni fue pedida por organismos como el Colegios de Abogados de Inglaterra y Gales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch o el Departamento de Estado de EEUU. Afiuni denunció haber sido violada en prisión. Fue puesta en libertad sin haber sido juzgada.

El historial de su sustituta es muy diferente. Barreiros ha sido acusada de actuar siempre en el sentido deseado por el Gobierno venezolano. Especialmente destacada es la liberación, en diciembre de 2012, del banquero Arné Chacón, acusado de “aprobación indebida de créditos y aprovechamiento fraudulento de fondos públicos”. Este directivo de banca es hermano del ex ministro chavista de Energía Eléctrica Jesse Chacón.

Decenas de presos políticos y celdas de tortura

López y Ledesma son los presos políticos venezolanos más conocidos, pero no los únicos. A falta de cifras oficiales, diferentes fuentes estiman que hay entre algo más de 70 y casi un centenar de casos en el país. Al igual que Felipe González, varios ex presidentes iberoamericanos se han implicado personalmente en la defensa de los opositores encarcelados. Es el caso de los antiguos mandatarios del chileno Sebastián Piñera y el colombiano Andrés Pastrana. Tras una visita de ambos a Venezuela en febrero de este año, Pastrana dijo:En Venezuela, hay 83 presos políticos y casos aberrantes, como son los de las ‘tumbas’, cinco pisos bajo tierra con aire acondicionado a temperaturas por debajo de cero, donde meten a estudiantes que protestan y que no ven la luz en tres y cuatro meses”.

Las “tumbas” denunciadas por Pastrana son una prisión formada por siete celdas de un tamaño de 2 por 3 metros situadas cinco pisos bajo tierra en el edificio del SEBIN. Se trata de la versión bolivariana de la temida Lubianka de Moscú, la sede central de la KGB soviética cuyas celdas fueron retratadas entre otros por el autor de Archipielago GULAG, Aleksander Solzhenitsyn, y el de Alegato por la Democracia, Natan Sharanski.

Poco después, el abogado Gonzalo Himiob elevaba la cifra hasta 98. Según denunciaba a través de Twitter que “son 64 más desde 2014”. Desde las manifestaciones de dicho año aumentaron los casos, produciéndose además episodios como la violación de un estudiante con el cañón del fusil de un miembro de las fuerzas de seguridad.

Hace pocas semanas el Gobierno de Maduro intentó aliviar un poco la tensión internacional, coincidiendo con el acercamiento de Obama a la dictadura castrista de Cuba, con la liberación de unos pocos presos políticos muy conocidos. El ‘número 3’ de Voluntad Popular y ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos (detenido en marzo de 2014) ha visto como se sustituye su reclusión en una cárcel por el arresto domiciliario.

Otro caso es el del general Raúl Baduel, antiguo militar chavista y “héroe” bolivariano tras jugar un papel clave en la vuelta de Chávez al poder en abril de 2002. En 2006 fue nombrado ministro de Defensa, pero cayó en desgracia al año siguiente tras criticar la reforma de la Constitución promovida por el entonces presidente. En 2009 fue condenado a ocho años de cárcel por “sustracción de fondos”.

Su caso recuerda mucho al del general cubano Arnaldo Ochoa, antiguo héroe de las guerras de Angola y Etiopía, fusilado en 1989. Aunque la acusación oficial era de narcotráfico, se le ejecutó por pedir para Cuba un proceso de apertura a la democracia como el que se vivía en Europa central y oriental. Baudel ha sido liberado y puede moverse sin restricciones.

El tercer liberado es el estudiante Deivis Oliveros. Este joven fue detenido en septiembre de 2014 por participar en las manifestaciones y, tras su liberación, se le impuso un régimen de “presentación periódica” a la espera de juicio.

Los tres estudiantes juzgados ayer junto a Leopoldo López han sufrido peor suerte. Demian Martín y Ángel Álvarez han sido condenados a 4 años y 6 meses con medida cautelar. A Christian Holdack se le han impuesto 10 años, 6 meses y 12 días, con medida sustitutiva de presentación cada 8 días. Un cuarto estudiante que tenía que ser juzgado, Marco Aurelio Coello, consiguió fugarse a Miami a mediados de septiembre.

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