Procesado un sargento de la Guardia Civil por abusos sexuales y acoso laboral a una subordinada

El Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha firmado la suspensión del sargento O.M.G., destinado en el puesto de Molina de Segura (Murcia), procesado por abuso sexual y acoso laboral a una agente que ha denunciado ante los tribunales estos hechos.

Según informa la Dirección General de la Guardia Civil, Fernández de Mesa ha firmado esta mañana la suspensión de funciones y el cese de destino de este sargento después de recibir el auto de procesamiento del Juzgado Militar Territorial número 14 con sede en Cartagena.

La Dirección general del cuerpo indica que al sargento se le acusa de un delito de «abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante o inhumano en concurrencia con otro contra la libertad e indemnidad sexual en concurso con lesiones psíquicas graves y maltrato».

Los hechos delictivos que se investigan, además de su gravedad, la amplia difusión en los medios de comunicación y el «notable desprestigio» de la institución son las razones que esgrime la dirección general para apartar al acusado del cuerpo.

Este mismo miércoles, la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC), han dado cuenta de este caso en una rueda de prensa en la que la abogada de la denunciante, Laura Pérez Botella, ha explicado que desde el año 2011 la guardia civil, una mujer de mediana de edad que trabajaba en la unidad de violencia de género de la Comandancia de Murcia, sufría acoso sexual y laboral por parte de un superior jerárquico.

El sargento y su subordinada mantuvieron una breve relación consentida durante cuatro meses, pero ésta se terminó y el hombre, según ha asegurado el portavoz de AUGC, comenzó a proponerle encuentros sexuales a los que ella se negaba.

Tras meses de insistencia comenzaron las violaciones, según el relato de la abogada, primero en el domicilio de la guardia civil y más tarde también en horario laboral. Fruto de estas violaciones la mujer se quedó embarazada y él la obligó a abortar

Esta situación se alargó durante cuatro años, hasta marzo de 2015 –cuando la mujer tuvo que pedir la baja por problemas psicológicos derivados de la situación–, tiempo en el que el sargento llegó a amenazar a la víctima con que si contaba algo iba a perder su puesto de trabajo y en el que se vio sometida a continuas vejaciones.