El Supremo da una lección garantista a los golpistas

Este martes comienza el juicio del procés en el Tribunal Supremo y se desarrollará, a pesar de los intentos de deslegitimar el sistema judicial por parte de los golpistas y sus cómplices aún en las instituciones públicas, respetando todas las garantías procesales. Es importante, de cara al ruido mediático que habrá durante las próximas semanas, tener muy claro que los 12 dirigentes separatistas que instigaron el golpe de Estado durante el 1-O no se sientan en el banquillo de los acusados por reclamar el derecho de autodeterminación de una parte de los catalanes, sino por quebrantar la ley para “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” y hacerlo, además, con el uso de la violencia. Un aspecto que, por otro lado, será determinante tanto para la defensa como para la Fiscalía y la acusación popular, en este caso liderada por VOX.

España, y así lo ha reconocido recientemente el ‘Democracy Index’ de la prestigiosa publicación The Economist, es una de las únicas 20 democracias más plenas de todo el mundo, tras haber llevado a cabo un análisis de la Justicia de 165 países. Una opinión positiva que también comparte el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, un organismo comunitario ante el cual somos uno de los Estados miembro que menos condenas posee en cuanto a materia de garantías procesales se refiere. Según sus estadísticas, la tasa de casos en los que apreció una vulneración de los derechos humanos fue de un ínfimo 0,1 por un millón de habitantes, uno de los ratios más bajos de todo Europa junto con Alemania y los Países Bajos.

A tenor de lo anteriormente expuesto y haciendo una férrea defensa de la independencia del Poder Judicial español, es conveniente no contaminarse del falso relato de opresión y falta de garantías constitucionales vendido por los separatistas, tanto a nivel nacional como internacional. Los dirigentes catalanes, en prisión preventiva desde octubre de 2017 por considerar el magistrado instructor Llarena la existencia de riesgo de fuga, serán juzgados con todos los derechos establecidos en el artículo 24 de la Carta Magna, un contenido que, además, y es importante resaltarlo, coincide con el artículo 6 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos al que España lleva adherido más de 40 años. En definitiva, el Alto Tribunal ha logrado esquivar los intentos de difamación y ha dado toda una lección garantista a los golpistas.