El sistema penal falla: los golpistas vuelven a las andadas

Si después de la sentencia del Supremo alguien pensaba- en un arrebato de candidez-que el independentismo iba a tomar buena nota de lo ocurrido se equivocaba. Las penas de sedición, entre 9 y 13 años impuestas a los golpistas, no han cumplido -resulta evidente-  la «función de prevención» que el sistema penal otorga a las condenas. Todo sigue igual, con la diferencia de que los encarcelados ya saben que podrán disfrutar del tercer grado a no mucho tardar.  Jordi Cuixart y Jordi Sánchez estas mismas Navidades.

Ahora muchos se preguntan qué es y quién está detrás de ese nuevo movimiento independendista que atiende al nombre de «Tsunami democrático» y que se ha erigido en defensor callejero y violento del secesionismo. La respuesta, a tenor de las investigaciones policiales, es relativamente sencilla: son los de siempre con un nombre distinto. Los mismos perros con distintos collares. Asegura el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que «tenemos unos servicios de inteligencia y de información realmente eficaces y terminaremos sabiendo quién está detrás».

El ministro, obviamente, conoce que la Policía ha identificado a destacados cabecillas de los CDR entre los instigadores de este movimiento que no es otra cosa que la última versión del independentismo radical, pero más ducho en el manejo de las redes sociales. La Policía tiene identificados a cerca de 300 miembros de los denominados Comités de Defensa de la República; de ellos algo menos de la mitad tienen un perfil violento y susceptible- según las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- de deslizarse por la vía de las acciones consideradas como terroristas. Pues bien, alguno de estos forman parte activa de ese colectivo de nombre poético que es «Tsunami democrático» y que de democrático no tiene absolutamente nada,  más bien todo lo contrario.

La Policía también tiene detectadas sus conexiones con Omnium y ANC, entidades soberanistas que forman parte del aparato civil del independentismo y que juegan el papel -se está viendo estos días- de instigadores de los vandálicos actos de protesta que se están sucediendo en Cataluña. En realidad, nada ha cambiado, salvo la nomenclatura tras la que se ocultan los agitadores callejeros del separatismo.

Parece que la sentencia del Supremo no ha logrado alterar la estrategia de permanente desafío al Estado del independentismo, más bien todo lo contrario. Sus brazos «civiles» siguen desempeñando el mismo papel de radicalidad, con la diferencia de que algunos -ya lo hemos visto- han pasado la raya que separa la violencia callejera del puro terrorismo.