Presunción de culpabilidad

La ley del ‘sólo sí es sí» -«sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona»- supone un ataque a la línea de flotación de la presunción de inocencia incompatible con los más elementales derechos constitucionales, pero, además, la nueva ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual de Irene Montero permitirá acreditar la existencia de «situaciones de violencias sexuales» sin la mediación de un juez, lo que supone que la consideración de víctima de violencia sexual no vendrá determinada sólo por un pronunciamiento judicial, sino que sin sentencia podrán acreditarse situaciones de violencia sexual «mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencias sexuales de la Administración Pública competente, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los casos objeto de actuación inspectora; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en la legislación sectorial que regule el acceso a cada uno de los derechos y recursos».

Quiere esto decir que serán el Gobierno y las Comunidades Autónomas las que «en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñarán, de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencias sexuales». O sea, el Ministerio de Igualdad ningunea la figura de los jueces para que sean las administraciones quienes acrediten la condición de víctima de violencia.

Estamos ante algo aún más grave que la politización de la justicia, porque la ley de Irene Montero lo que hace es prescindir de los tribunales. El Código del Feminismo Radical tritura uno de los pilares del Estado de Derecho y nos sitúa delante de un escenario inquietante en el que la presunción de culpabilidad sustituye a la presunción de inocencia.