Imponer es adoctrinar, no educar

El presente de nuestro futuro está en las aulas. Los políticos deben legislar para conseguir una sociedad asentada en valores sólidos de convivencia. En ese sentido, se hace imprescindible educar a los más pequeños en el respeto a todas las tendencias sexuales. En pleno siglo XXI, no cabe en un país como España el menor sesgo de discriminación, persecución o rechazo por los gustos íntimos o públicos de cada individuo. No obstante, imponer por ley una asignatura LGTBI a los niños de Educación Primaria —como pretende el Gobierno en consonancia con Podemos— no parece la forma más adecuada de educar. Cualquier imposición a los escolares, más si cabe a esa temprana edad, parece adoctrinamiento con voluntad política más que un refuerzo de valores morales y éticos que, por otra parte, son imprescindibles.

Sobre todo cuando la ley —impulsada por Podemos— había nacido en su forma original con contenidos que vulneraban varios artículos de la Constitución, según los propios letrados del Congreso de los Diputados. Entre otras cosas, daba la posibilidad de que los menores de 16 años se sometieran a operaciones de cambio de sexo sin necesidad de permiso paterno. Y es ahí, en el desprecio por la intervención de los padres en la educación de sus hijos, donde patina la obligatoriedad impositiva de esta norma. Los progenitores tienen el derecho y el deber de elegir cómo quieren que se eduquen sus hijos. Especialmente, en edades donde no están formados totalmente ni tienen desarrollada una visión crítica completa.

Aspectos tan importantes como ser educados en los insoslayables principios del respeto y la tolerancia debe hacerse en consonancia con la voluntad y la visión de los padres para ahondar en la pluralidad que ha de articular España. Sólo desde una visión abierta se podrán establecer los cimientos de una sociedad más justa. Todavía existen demasiados casos de ataques, agresiones y acosos a personas por ser lesbianas, gays, bisexuales o transexuales. En Madrid, por ejemplo, los últimos datos a este respecto cifran un aumento del 34% a lo largo del último año. Mientras eso ocurra, el trabajo no debe cejar. Primero, desde el impulso institucional, después, en los colegios y, por supuesto, con el soporte esencial de los hogares. Eso sí, siempre desterrando cualquier atisbo de imposición. No se podrá luchar por la libertad si se coarta la propia libertad. Ignorar a los padres es perder un agente fundamental en la construcción de la España del mañana.