España necesita reformas económicas

La economía española, tras muchos años de dura crisis, comenzó, a finales de 2014, a remontar el vuelo, con resultados positivos ya muy palpables en 2016, que se incrementaron en 2017 y que en 2018 comenzaron a frenarse, con una desaceleración muy intensa en 2019. Es decir, ya antes del impacto de la crisis derivada del coronavirus la economía española abordaba 2020 con una ralentización muy profunda.

Ahora, nos encontramos, tras una abrupta caída de la actividad económica y del empleo en 2020 como consecuencia del cierre productivo decretado por el Gobierno, con una recuperación que será tanto más lenta cuanto menos reformas se hagan, más gasto estructural se acumule y más se incremente la losa de la deuda pública.

Por eso, es imprescindible huir de convertir en permanentes las medidas de gasto coyunturales y realizar reformas profundas, que, si ya las necesitaba antes nuestra economía, ahora, con esta crisis, son mucho más imprescindibles.

Es cierto que se llevó a cabo en 2012 una reforma laboral que ha sido la más ambiciosa de las acometidas en nuestro país, pero queda mucho más por hacer. Lo primero que hay que evitar es su derogación, como quiere la parte más extremista del Gobierno. Lo segundo, avanzar en su flexibilización, porque es lo que permitirá incrementar la actividad y el empleo. En materia de empleo, por tanto, hay que proseguir por la vía que permita que nuestro mercado de trabajo se pueda adaptar más rápidamente a los ciclos y a las necesidades, que reduzca costes y facilite la contratación, de manera que será también una forma de acabar con la economía sumergida.

En materia tributaria, hay que llevar a cabo una reforma profunda que acabe con los impuestos arcaicos y profundamente injustos, como el de Patrimonio, en lugar de querer imponer la obligación de eliminar la exención o crear uno demagógico para “los ricos”, como dice Podemos, y que suponga un incentivo al trabajo y al ahorro, con la reforma del resto de figuras tributarias, como el IRPF o Sucesiones y Donaciones (en lugar de homogeneizar estos dos últimos para subirlos, como no deja de mencionar María Jesús Montero y ha encargado a su grupo de expertos), por ejemplo, ya que en algunos casos los niveles impositivos rozan el carácter confiscatorio. Del mismo modo, hay que rebajar el impuesto de Sociedades (en lugar de subirlo, como pretende el Gobierno) para incentivar la llegada de inversiones productivas y evitar así también la deslocalización de empresas a otros países. Obviamente, dentro de este marco deberá incluirse la reforma del Sistema de Financiación Autonómica, para hacerlo claro, justo y sencillo.

Igualmente, ligado a los dos puntos anteriores, debe mitigarse el efecto desincentivador a la contratación que suponen las elevadas cotizaciones a la Seguridad Social, que llegan a incrementar el coste de un trabajador en un 60% -entre impuestos y cotizaciones- respecto a lo que el asalariado se lleva a casa cada mes. Sólo de esa manera, podrá incrementarse la base de cotizantes y contribuir a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, el Gobierno planea imponer unas cotizaciones a los autónomos que los arruinarán.

En cuanto a las pensiones, deben ver reformado su sistema. No basta con el parche de la elevación de las bases máximas de cotización o con las medidas que disminuyen la tasa de reemplazo o sustitución de la pensión, es decir, el porcentaje de pensión que se percibe sobre el último salario en activo. Estas medidas tienen un efecto muy limitado en el ahorro, no arreglan el problema estructural del sistema de pensiones, y constituyen una trampa para el conjunto de cotizantes.

El sistema de pensiones debe abordarse exento de toda demagogia, pues su solución requerirá de medidas valientes y reformistas. Es imprescindible cambiar el sistema de reparto por uno de capitalización, o al menos uno mixto, con cuentas nocionales, que permita sostener el sistema en el futuro. Obviamente, a las personas mayores de cincuenta años se les debe mantener un sistema de reparto transitorio, pues no podrían aportar lo suficiente a un sistema de capitalización para conseguir obtener unos ahorros cuantiosos para su pensión. La aportación de estas personas podría realizarse vía Presupuestos Generales del Estado, al igual que las no contributivas. El resto, deberían nutrirse de las ganancias que obtengan las inversiones del sistema de capitalización. Al menos, debe avanzarse hacia un sistema de cuentas nocionales.

Y en quinto lugar, debe asegurarse un control exhaustivo del gasto público, para poder cumplir con los criterios de déficit y deuda. Sólo así podrá sostenerse el grueso del sistema de bienestar, porque, si no se hace, podría colapsar, por ausencia de recursos. Para evitar esto último, hay que actuar en dos frentes: el primero, modificar normativa estatal que permita introducir flexibilidad en la prestación de servicios que ofrecen las comunidades autónomas, para lograr, así, ahorros. Actualmente, no hay margen de maniobra al respecto al estar tasada la cartera de servicios por normativa básica estatal, que impide acometer medidas de ahorro.

En segundo lugar, y quizás ésta fuese la llave que descorrería el cerrojo de todas las reformas, se debería aplicar una reforma sobre la función pública, para modernizarla y hacerla más ágil, flexible y productiva. En este caso, debería limitarse, en las nuevas incorporaciones, el carácter vitalicio hasta la jubilación del empleo público sólo a quienes tengan que administrar soberanía, rigiéndose el resto de puestos por el régimen laboral general que opera en el sector privado. Además, para incentivar la eficiencia, estas nuevas incorporaciones deberían tener variable una parte de su retribución. Obviamente, a los actuales funcionarios y empleados públicos se les respetarían sus condiciones laborales y económicas actuales.

Todas estas reformas son necesarias en España para garantizar que su economía mantendrá la agilidad suficiente para crecer más en los momentos de auge y minimizar los costes en los momentos de caída, especialmente en términos de empleo. Son difíciles, son ambiciosas y son políticamente arriesgadas, pero son necesarias.