Una candidata podemita al CGPJ bajo sospecha

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell,  candidata de Podemos a ocupar uno de los puestos del CGPJ, y su pareja, Carlos Sosa, tendrán que acudir el próximo 15 de marzo al Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas de Gran Canarias tras la denuncia por despido improcedente o nulo de la que fuera su empleada doméstica, Simona Chambi, quien asegura que estuvo trabajando para ella durante meses sin contrato y cobrando en dinero negro. El PP ha vetado su nombre ya que fue diputada de la formación morada por Las Palmas de Gran Canarias en tres legislaturas, de 2015 hasta enero de 2020. Por este motivo la renovación del órgano de gobierno de los jueces se encuentra bloqueada en la actualidad.

La empleada afirma en la denuncia que comenzó a trabajar para la juez Victoria Rosell en septiembre de 2011 por 500 euros al mes, cantidad que durante 6 meses recibió en negro por decisión expresa de la dirigente podemita. La empleada, harta de la situación, se plantó y comunicó que no trabajaría más en su casa si no le daba de alta en la Seguridad Social, requisito para poder regularizar su situación en España. Rosell le advirtió que si quería contrato tendría que descontarle la cotización a la Seguridad Social, algo que hizo el 24 de febrero de 2012, con un contrato indefinido de media jornada como empleada del hogar de categoría D  con un sueldo de 410 euros mensuales.