Un alcalde mendaz bajo sospecha

El Ayuntamiento de Galapagar, liderado por el popular Daniel Pérez, tendrá que dar explicaciones por el intento de “amnistía” para cientos de irregularidades urbanísticas perpetradas en el municipio madrileño en los diversos planes de ordenación urbana. Entre estas anomalías, que el Consistorio intentó atajar a través de un nuevo ordenamiento de edificación en 2016, se encontraba el casoplón que Pablo Iglesias e Irene Montero compraron en 2018 por más de 600.000 euros. Con este plan proyectado por el Gobierno municipal, la villa de los dirigentes de Podemos –que está levantada sobre el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, una zona verde protegida por su alto valor ecológico y ambiental–, quedaría regulada de manera definitiva.

Sin embargo, en 2017 la Comunidad de Madrid tumbó la modificación de la normativa urbanística municipal aprobada sólo con los votos a favor del PP y el PSOE porque al resto de formaciones, y así lo aseguran a este periódico, sólo les permitieron una hora de revisión antes de la celebración del pleno. También sobre este aspecto, sobre esa supuesta manipulación de los proyectos que se aprobarán en el seno consistorial, tendrá que arrojar luz el primer edil galapagueño. Las explicaciones del Ayuntamiento para salir al paso de la exclusiva de OKDIARIO sobre la ilegal vivienda podemita carecen de veracidad, según admite la oposición del municipio. Ésta asegura que el casoplón no fue recalificado en un plan urbanístico de 1989, tal y como aseguraba este miércoles el Ejecutivo de Pérez, sino que la Comunidad sólo supervisó la aprobación urbanística del Polígono 37, un espacio en el que no estaba incluida la parcela del matrimonio Iglesias-Montero, aunque más tarde “como por arte de magia”, asegura un concejal de Galapagar, “esa cuña de terreno protegido apareció en los planos” sin que los técnicos del Gobierno regional verificaran si se ajustaba o no a la normativa urbanística.

El Ayuntamiento de Galapagar debe, y así se lo ha exigido la Comunidad de Madrid, señalar “el plano de delimitación del suelo urbano vigente” e incorporar “de manera clara las sucesivas modificaciones aprobadas hasta la fecha”, que, ciertamente, no han sido pocas. Una de ellas, por cierto, se llevó a cabo en 1989, el mismo año en el que se supone que se recalificó la parcela del casoplón podemita y el mismo año en el que el ex alcalde galapagueño Fernando Rubio y su número dos, Eugenio de Pablo, fueron condenados por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación por conceder licencias urbanísticas ilegales. Pérez, que a tenor de la nueva información de este periódico ha dado unas explicaciones adulteradas sobre la ilegalidad de la villa de los líderes de Podemos, tendrá que dar un decente paso adelante y esclarecer “el carajal” urbanístico -como lo ha definido un alto mando municipal– que sufre Galapagar.