Otra vez utilizando a Franco para arañar votos

El Gobierno de Pedro Sánchez está dando los últimos coletazos, pero todo apunta a que acabará con la misma medida propagandística con la que comenzó: la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Una promesa que aprobó en julio de 2018 y que, sin embargo, tras varios meses de retraso no tendrá tiempo de cumplir antes del 28-A, aunque no por ello deja de lado el uso de la figura del dictador para fines electoralistas. Este mismo viernes, casi a la misma vez que la ministra Isabel Celaá aseguraba haber cumplido con todos los trámites administrativos a su alcance para sacar los restos de Franco de la basílica madrileña, el Gobierno decidía suspender la subvención de 340.000 euros anuales a la abadía benedictina que guarda el conjunto eclesiástico.

Una medida de Patrimonio Nacional, del que depende la Fundación Santa Cruz del monumento de Cuelgamuros, que resulta demasiado azarosa para no encerrar sospechas, sobre todo si se tiene en cuenta la actual pugna jurídica por la exhumación de los restos de Franco. Este mismo viernes, Celaá, sabedora del más que probable incumplimiento de la promesa electoral si los Franco recurren al Tribunal Supremo –algo que ocurrirá casi con toda seguridad–, se ha sacudido toda responsabilidad y le ha pasado la competencia al Alto Tribunal.

Desde el principio, desde que se puso en marcha el expediente para el traslado de los restos mortales del dictador, tanto los Franco como el abad Santiago Cantera se han mostrado contrarios a la exhumación del cuerpo, aunque cabe recordar que en ningún momento ni la familia ni el prior se han negado a acatar la determinación del Supremo, si éste falla o no a su favor. No cabe duda, a tenor de la casualidad que entraña la decisión de Patrimonio Nacional, que la congelación de la partida presupuestaria a la abadía benedictina liderada por Cantera es un instrumento de presión en manos del Gobierno para echar un pulso a la orden eclesiástica y a los descendientes de Franco.