UGT Andalucía y la libertad de expresión

UGT Andalucía y la libertad de expresión

La UGT de Andalucía ha remitido un escrito al presidente de la asociación de la prensa sevillana quejándose de las críticas vertidas sobre ellos por el periodista Pepe Fernández, director del digital Confidencial Andaluz, por, según este sindicato venido a menos, verter acusaciones y descalificaciones sin fundamento contra UGT o alguno de sus dirigentes.

Fernández era periodista en –no de– la Cadena SER a principios de los 80. Allí, en tiempos en que algún periodista sevillano acabó en calabozos por publicar abusos de un comandante de Caballería de la Policía Nacional, él abrió los micrófonos de su cadena a los policías nacionales demócratas, entonces sometidos a régimen militar y por tanto en una actividad sindical ilegal, que demandaban un desarrollo constitucional en derechos sindicales y desmilitarización como en el resto de países europeos. Tiempo después fue director regional de Onda Cero durante varios años, de donde fue despedido por oponerse a que desde el PP andaluz de aquel tiempo se mangonearan las informaciones en dicha cadena. Más recientemente fue tertuliano de Canal Sur pero duró poco, vetado por el régimen socialista, donde periodistas independientes no encajan bien. Podría escribir mucho más de Pepe Fernández pero creo que es más oportuno escribir de UGT, y no sólo de Andalucía, porque aquí los andaluces tenemos claro que es el sindicato “machaca” del régimen presuntamente socialista, y que si alguna vez cumplieron con su obligación de defender a los trabajadores debió ser en generaciones muy anteriores.

Conozco más a la UGT nacional, de Madrid, y de Servicios Públicos que la de Andalucía. UGT, en los primeros años de legalizado el sindicato SUP (1985-86) insistía a sus responsables que no apoyaran el movimiento asociativo en la Guardia Civil, la UDGC de Manuel Rosa o el SUGC de Morata y Piñeiro, los tres únicos guardias civiles expulsados todavía hoy –el cuarto, Manuel Linde, ya falleció–, de las decenas de ellos que fueron encerrados en psiquiátricos, prisiones y jubilados. El asunto cambió cuando Corcuera fue nombrado ministro de Interior. UGT utilizó a los guardias demócratas provocando la brutal reacción del ministro de Interior, que con el beneplácito de los generales, el director general Luís Roldán, el ministro de Defensa, Narcis Serra, y el presidente del Gobierno, Felipe González, organizó una cacería ilegal contra ellos. UGT los ánimo a una aventura prometiéndoles todo y los olvidó cuando fueron desmantelados, encarcelados y expulsados.

Quiso hacer lo mismo con el SUP. Provocó una división interna tras la huelga general de 1988 –ruptura entre los que apoyaban a UGT y los que apoyaban al PSOE, aunque en este caso estos últimos fueron más responsables–, y tras ello ofrecieron a un dirigente nacional que optó por UGT un cheque en blanco para que les cediera un pleito judicial que decidía a quién de ambos grupos correspondían las siglas. Ese compañero honrado no se vendió. Crearon un sindicato en 1990 sumando uno representativo y otros sin afiliados, creados para sumar siglas, con apoyo económico para conseguir mayoría en la Policía. Desde 1992 hasta 2013 que fui secretario general del SUP –era otro SUP, nada que ver con este de hoy– no desaprovecharon ocasión de tratar de desestabilizarnos. Pretendían hacerse con el control del sindicato o derrotarlo con una organización marioneta, con la que llegaron a pronosticar, en las elecciones al Consejo de 1991 y 1995, que lo superarían. Eso nunca se produjo. La última acción positiva de UGT fue la huelga general del 14D de 1988. Después, cooperativas de viviendas fracasadas o cientos de contratos a cierto marido de dirigente socialista en cursos de formación en Andalucía describen bien su evolución.

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