Choque de trenes por el impuestazo a los diésel

Los impuestazos de Pedro Sánchez comienzan a dividir a los miembros del Gobierno, conscientes de que puede ser el principio del fin para la prosperidad de la economía española. La tensión se ejemplifica en el anuncio de Pedro Sánchez de «incorporar la fiscalidad del diésel» en los Presupuestos Generales de 2019. Resulta sintomático que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, lo califique de «globo sonda» por la mañana y unas horas más tarde lo apoye «plenamente» y sin ambages. Una nueva subida de la que quedarán exentos los conductores profesionales, pero que volverá a golpear a unas familias que miran con preocupación el constante incremento de los gravámenes desde que Sánchez ocupa La Moncloa. ¿Acaso considera el presidente que los millones de conductores que usan vehículos diésel en España se encuentran entre los más ricos para hacer frente a semejante sablazo?

Especialmente porque, al tiempo que los impuestos suben, la economía española comienza a dar evidentes síntomas de estancamiento tras crecer de manera consecutiva a más del 3% durante los últimos años. Por mucho que el jefe del Ejecutivo trate de revestirse de «ecologista» y «comprometido con la transición ecológica» —tal y como ha dicho durante la mañana de este pasado lunes—, lo cierto es que este nuevo impuesto no es más que otra prueba de su afán recaudatorio. Una tendencia que puede arrasar el buen ritmo de nuestra economía y que viene provocada por el nulo cuidado por el gasto público del Partido Socialista.

Dichas partidas aumentarán para pagar diversas prebendas a las formaciones que sostienen su mandato: los comunistas de Podemos, los nacionalistas del PNV y los independentistas catalanes. Es la única manera de que apoyen sus Cuentas Públicas, aunque ello suponga poner la soga recaudatoria en el cuello de todos los españoles. La negligencia gestora de Sánchez hace que parezca empeñado en cargarse la economía a base de impuestos. Así, además del impuesto a los diesel estaría la subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) —algo a lo que se han opuesto con buen criterio tanto PNV como PDeCAT— también atacaría al impuesto del ahorro y al de Sucesiones. En definitiva, una confiscación en toda regla que de consumarse paralizará la actividad económica y nos situará en un contexto muy complicado.