Quitar o poner lazos amarillos

Hace unos días, en la provincia de Tarragona, un grupo de personas que quitaban lazos amarillos fue identificado por los Mossos. Llevaban un mapa señalando zonas donde hay lazos amarillos y esteladas. Los Mossos registraron sus coches sin orden judicial, intervinieron el material destinado a quitar los lazos, según unos medios se han remitido diligencias al juzgado correspondiente, según otros se les va a proponer sanción como autores de una falta grave en aplicación de la “Ley Mordaza”. Ser constitucionalista en Cataluña está castigado por fuerzas de seguridad del Gobierno autónomo, una parte del Estado que, en la práctica, ya funciona autónomamente contra el propio Estado español y las personas que lo reconozcan.

Desde hace muchos años algún sindicato y policías han venido denunciando prácticas ilegales de identificaciones arbitrarias y masivas existentes en España que aplican todos los cuerpos de seguridad. Prácticas que en países de América como Argentina están prohibidas, y en todas las democracias consolidadas europeas, también. En Alemania, tras los últimos atentados, la Policía anunció mediante una disposición legal que durante una semana y en una concreta zona, podrían identificar a cualquier persona por encontrarse en situación de alerta terrorista. Después amplió el plazo una semana. En España, una inspectora y un Oficial se apuestan el desayuno para ver quien identifica a más ciudadanos esa noche y acaban a las seis de la mañana en la estación identificando a pasajeros que bajan de los autobuses. Es práctica habitual montar lo que llaman un filtro en la vía pública e identificar a cualquiera que pasa por allí, si es joven cachearlo, y si lleva droga para consumo propio se le incauta y se sanciona con multa por aplicación de la “Ley Mordaza”.

Es una práctica la de las identificaciones masivas y arbitrarias que viene de lejos. Comenzó a aplicarse a partir de la ley 1/92 de protección de la seguridad ciudadana de Corcuera y que ha tenido continuidad con la actual “Ley Mordaza”, y entre una y otra, las prácticas operativas policiales mayoritariamente se han dedicado a eso. Quienes más identificaciones presentan mejor son valorados por los jefes. Cuando está acreditado que bajan los delitos si los vehículos están en movimiento, a los mandos y políticos solo les interesan las estadísticas de actuaciones que no combaten el delito y vulneran derechos civiles de la ciudadanía. Se ha cambiado la estructura de las brigadas de seguridad ciudadana para dedicar numerosos efectivos a identificaciones. Como consecuencia, el 091, que era el mejor servicio de emergencia y que respondía en menos tiempo de todas las policías del mundo ahora deja sin atender miles de llamadas cada mes. Es prioritario estar identificando a chavales en un parque porque fuman un porro que acudir a una llamada de una persona que está siendo agredida.

Si esta práctica policial ilegal se traslada a un cuerpo de seguridad como los Mossos bajo las órdenes de un gobierno independentista, los catalanes que se sientan españoles y que quieran combatir el independentismo están indefensos. El Gobierno de España, el Estado, debe proteger el derecho de esos constitucionalistas a quitar lazos amarillos, símbolo de la imposición de una ideología independentista, siendo inaceptable que los Mossos protejan su colocación. Si los Mossos ayudan a quienes los ponen e identifican y sancionan a quienes los quitan, el Estado está fomentando el clima social de independencia que defienden los supremacistas. El Estado español y los derechos de la ciudadanía deben estar por encima de la ambición del presidente del Gobierno y actuar ya. Un 155 indefinido sería una buena y justa decisión política.